Con cinco detenidos, dos fiscales bajo la lupa y decenas de casos en investigación, la causa que en Dolores investiga una presunta red de espionaje ilegal avanzó hoy con tres nuevos procesamientos y un pedido clave a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desde el juzgado de Alejo Ramos Padilla se enviará un oficio a Gustavo Arribas, Director General de la AFI, “a fin de que de forma urgente dé cuenta de toda la información producida en el marco de las posibles actividades de “contrainteligencia” que pudieren existir sobre los aquí procesados y/o la asociación ilícita aquí investigada. Por otra parte, se informe de todas aquellas actividades u operaciones de dicha agencia en las que pudieren haber participado en cualquier carácter. Fue en referencia al falso abogado Marcelo D’Alessio, los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, y el ex espía, Rolando Hugo “Rolo” Barreiro.
Con estas medidas, el magistrado volvió a dar un paso importante en el expediente que lleva poco más de dos meses y comenzó con una denuncia de extorsión y creció hasta develar una posible red de espionaje ilegal.
En la resolución donde dio a conocer los procesamientos, el magistrado dedicó varios párrafos al accionar y el posible rol de la AFI. “Cabe aclarar que, al menos dos de los miembros de la asociación ilícita investigada –Bogoliuk y Barreiro- han formado parte de manera formal de la Agencia Federal de Inteligencia ya que se han incorporado sus legajos personales”, sostuvo el juez. Al tiempo que agregó que en relación con “los otros miembros D´Alessio y Degastaldi existen numerosos indicios que dan cuenta de sus vinculaciones con organismos de inteligencia, lo que podría permitir sostener la hipótesis de que se trataría de los denominados “agentes inorgánicos”, circunstancia que no impide analizar sus conductas bajo el prisma de la ley penal”.
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Ramos Padilla sostuvo que “las constancias reunidas en esta investigación indican que durante muchos años se llevaron adelante acciones de inteligencia prohibidas, vinculadas con el espionaje político y económico, que nunca fueron neutralizadas. Uno de sus miembros, Marcelo D´Alessio, no sólo establecía permanentes contactos con diversos funcionarios y magistrados, legisladores y periodistas de primera línea y se presentaba como un agente de la DEA, de un organismo de inteligencia internacional o vinculado a alguna agencia de seguridad, sino que de ese modo también se presentaba en la televisión y en distintos medios de prensa ante la audiencia y relataba detalles de sus “investigaciones””. Por lo que consideró que resultaba “llamativo y hasta difícil de entender que esta circunstancia no despertara ninguna alerta de los organismos específicamente dedicados a desactivar y contrarrestar este tipo de organizaciones -o personas- que podrían afectar la Ley de Inteligencia Nacional o la Ley de Seguridad Nacional”.
En otro de los tramos, el magistrado resaltó que la actuación de D’Alessio “fue tan publica que, al menos, debiera haberse activado algún mecanismo tendiente a averiguar si el nombrado pertenecía o no a los organismos con los que él mismo públicamente se identificaba –DEA, NSA, Embajada de los Estados Unidos, Ministerio de Seguridad, AFI, etc-“. Y agregó que “con la prueba reunida, se puede afirmar a esta altura del proceso que, al menos, ha existido una enorme impericia por parte de aquéllos que debían controlar y evitar que organizaciones de estas características se desenvolvieran con total impunidad”.
Señaló que el caso “excede a cualquier gobierno, y, si estamos a los dichos del propio D’Alessio y a lo que se observa de los distintos elementos de prueba, esta organización viene funcionando desde hace un tiempo por demás prolongado, lo que evidencia la necesidad de un profundo y sincero debate institucional respecto del rol de los organismos de inteligencia en nuestro país”.
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En tanto agregó que las referencias, “según las cuales era agente de la DEA o de otros servicios de seguridad o inteligencia, D´Alessio se las efectuó a múltiples personas, algunos de ellos magistrados o funcionarios de los poderes políticos y judiciales, y también a periodistas. Sin embargo, han sido estas actuaciones las que permitieron poner en marcha las acciones judiciales necesarias para intentar evitar que Marcelo D´Alessio y la organización criminal de la que participaba pudiera seguir operando, o, por lo menos, se detuviera parcialmente su actuación e incluso se interrumpieran algunos de los planes en curso, lo que demuestra el modo en que se ha naturalizado en los tres poderes del Estado el accionar de estos “espías”.
Luego detalló que, en base a todo lo expuesto, se libraría oficio a Arribas para que aporte “toda la información producida de “contra-inteligencia” que pudieren existir sobre Marcelo D'Alessio, Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y Rolando Hugo Barreiro”. Y que asimismo, “deberá informar todas las actividades u operaciones de dicha agencia en las que pudieren haber participado en cualquier carácter”. En tanto que en los casos de Bogoliuk y Barreiro, sólo adelantó que solicitará los posibles informes de contra-inteligencia que se hubieren producido en relación a sus actividades realizadas con posterioridad a su renuncia al organismo”.
CDL JI EA
