La Justicia ordenó reabrir una causa por corrupción contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minnicelli. La sala IV de la Cámara de Casación consideró que hay graves inconsistencias entre el nivel de vida que presentan los acusados y sus ingresos. Y que entonces deben ser investigados por enriquecimiento ilicto. Los tres integrantes de la Sala revocaron el sobreseimiento que había favorecido a De Vido y Minnicelli. Hicieron lugar así a un pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que observó importantes irregularidades en el patrimonio del ministro y su mujer. El camarista Juan Carlos Geminiani opinó que el estado de duda es incompatible con el sobreseimiento. Gustavo Hornos resaltó que De Vido omitió poner en su declaración jurada un bien inmueble de unos US$ 750 mil y que los ingresos que la esposa del ministro dice tener no se corresponden con la categoría que declaró ante el fisco. También sostiene que es imposible que los dos puedan pagar el alquiler de un departamento de 320 metros cuadrados con dos cocheras sobre Avenida del Libertador con sus salarios. Deja abierta la sospecha de que puedan ser los propietarios y no los inquilinos del inmueble. Remarca, además, inconsistencias en las sociedades de las que participan tanto De Vido como Minnicelli. Para Mariano Borinsky hay “algo sospechoso” en la adquisición de dos inmuebles por parte del ministro, incluyendo una casa en Zárate, y que eso debe investigarse. Los gastos en las tarjetas de crédito también son un componente de sospecha para los camaristas, que proponen que se tomen medidas de prueba para descartar que haya algún delito. En los fundamentos sostienen que los delitos cometidos por funcionarios públicos deben tener especial tratamiento y retoman un fallo contra María Julia Alsogaray, que en una causa había pedido su sobreseimiento y la Justicia se lo negó. El juez que tendrá a su cargo la investigación será Luis Rodríguez, que comparte un estrecho amigo en común con De Vido, el auditor Javier Fernández, y que por ese motivo –muchos creen– deberá excusarse. El ministro de Planificación tiene a su cargo la ejecución de toda la obra pública nacional y fue la cara visible de emprendimientos no exentos de polémica, como el Centro Cultural Kirchner, que costó más de $ 3 mil millones. Ahora la Justicia volvió a posar la lupa sobre su patrimonio. En su última declaración jurada, en la que no incluye los bienes de su esposa, el ministro asegura ser uno de los funcionarios con menos patrimonio del gabinete, con $ 750 mil. Si es cierto que omitió un bien inmueble de US$ 750 mil dólares, su patrimonio dista de la cifra declarada.
