La Cámara de Diputados comenzará a analizar esta semana un proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo para limitar el dictado de medidas cautelares judiciales contra el Estado que planteen personas físicas o empresas.
De este modo, el Gobierno podría avanzar con distintas normas y resoluciones que se encuentran frenadas en los tribunales a raíz de las acciones cautelares. La iniciativa fue elaborada por la diputada nacional Diana Conti (Frente para la Victoria) y comenzará esta semana a ser debatida en la Cámara.
El proyecto pretende limitar el dictado de nuevas medidas cautelares contra el Estado para lo cual se dispone una serie de modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Según el nuevo artículo 209 quater propuesto se podrá dictar "cualquier tipo de medida cauteral" siempre y cuando su "otorgamiento no afecte el interés público comprometido ni genere mayores perjuicios que su no otorgamiento". Esta última frase es una de las que despierta mayor controversia entre sus detractores.
El diputado bonaerense Mauricio D'Alessandro cuestionó el proyecto de ley del oficialismo al sostener que era "más duro y restrictivo que el de la dictadura". "Es una barbaridad jurídica y avasalla claramente los derechos constitucionales de las personas e instituciones", señaló el ex conductor del programa La Corte. Recordó además que "la actual Ley de Amparo fue dictada en la época del presidente de facto Juan Carlos Ongañía, pero el proyecto de Diana Conti es todavía más duro y restrictivo que el de aquella dictadura".
Por su parte, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, señaló que la propuesta va "enderezada" a que las medidas cautelares contra el Estado "se restrinjan de modo notable". Además, advirtió que el proyecto que comenzará a ser tratado en el Congreso "aumenta los requisitos y las exigencias para que un juez pueda hacer lugar a un medida cautelar en contra del Estado". El diputado agregó que el mismo está "enderezado a que las medidas cautelares contra el Estado se restrinjan de modo notable" y explicó que no se podría "tolerar" que exista "una malversación de cuál es el propósito del amparo".
Jorge Landau, uno de los cofirmantes del proyecto, admitió que el proyecto "está pensado por determinadas situaciones que se han ido dando a lo largo de estos años y que han marcado un manifiesto uso por parte de determinados particulares que quieren hacer prevalecer su interés por sobre el interés del conjunto". La nueva legislación busca que los jueces "no actúen de modo absolutamente discrecional, como es hasta ahora. Para ser sintético: se restringe la libertad absoluta para que los jueces puedan aplicar las medidas cautelares".
Una de las últimas medidas presentadas que causó una polémica fue la presentada por el gobierno porteño de Mauricio Macri para que la Justicia se expida acerca del traspaso de los subtes y el servicio de colectivos de la Nación a la Ciudad. Ante esa situación, el Ministerio de Planificación Federal presentó una demanda legal contra Macri para "compeler al efectivo cumplimiento" del Acta Acuerdo firmado con la Ciudad.
La propuesta, que busca modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el decreto-ley 16986/66, fue registrada bajo el expediente 1176-D-2012 y ya tomó curso hacia las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales.