Mientras los problemas en el servicio de los trenes suelen ser casi de denuncia cotidiana, sigue la polémica porque no se aprobó el régimen de penalidades que sanciona las irregularidades en los servicios.
Así lo denunció la Defensoría del Pueblo de la Nación, que reclamó hoy al gobierno que dicte el reglamento de penalidades para la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), que opera las líneas ferroviarias San Martín, Roca y Belgrano Sur, sin el que cual los órganos de control no pueden aplicar sanciones por irregularidades en el servicio.
El reclamo, realizado por el defensor Adjunto I, Anselmo Sella, se concretó a raíz de denuncias sobre "incumplimientos sistemáticos del cronograma de frecuencias de la Línea de Ferrocarril Belgrano Sur, operada por la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A".
En un comunicado, Sella sostuvo que ante requerimientos de la defensoría, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sostuvo que, "aún detectándose irregularidades en las inspecciones y verificaciones", la UGOFE "no es sancionada porque no se ha aprobado un régimen de penalidades".
En ese sentido, el defensor afirmó que la comisión se "limita a comunicar el resultado de las verificaciones a la propia UGOFE, con copia a la Secretaría de Transporte de la Nación".
La defensoría manifestó que la demora en la definición del régimen de penalidades "lleva más de cinco años desde la suscripción de los acuerdos".
Sella advirtió que "a pesar de advertirse serias irregularidades en la prestación del servicio, la empresa no se encuentra compelida a modificar su conducta ni hacerse cargo de sus obligaciones a fin de adecuar el servicio a las condiciones establecidas en la normativa vigente".
"Esta situación deja librado al usuario en situación de indefensión y a la buena voluntad de una empresa, o grupo de empresas, que en definitiva tiene como fin último el lucro", expresó el defensor adjunto.
En ese sentido, dijo que "teniendo en cuenta los subsidios otorgados por el Estado Nacional y la falta de sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Empresa, se desvirtúa el objeto principal de la concesión, que es la prestación eficiente de servicios".
"Resulta imprescindible y urgente crear para el operador UGOFE S.A. una herramienta disuasoria para que la empresa cumpla con las obligaciones asumidas", manifestó Sella.
