El radicalismo reclamó ayer el tratamiento legislativo de la regulación del gasto en publicidad oficial y de acceso a la información pública, al tiempo que cuestionó la oportunidad y el contenido del proyecto oficial de Ley de Radiodifusión.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, dijo que el anteproyecto de ley de radiodifusión que promueve el gobierno nacional "es un intento desesperado por conseguir a cualquier costo un voto más para seguir preservando el proyecto de poder".
Morales recordó que "cuando la Presidenta hizo su discurso de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo, adelantamos nuestra oposición a las estrategias de conseguir perpetrarse en el poder del kirchnerismo". Agregó que todo esto "lo vamos confirmando en sus intentos de cambio de las reglas de juego, con la modificación del cronograma electoral, las candidaturas testimoniales y, también, con la intención de controlar a los medios de comunicación".
"Sin lugar a dudas, no estamos frente al mejor gobierno para que se den las garantías de debate de un proyecto que el país debe debatir, porque es fundamental y está en la base del sistema democrático", agregó el senador nacional respecto de la forma de tratamiento elegido por el gobierno de la iniciativa de radiodifusión.
El dirigente radical explicó que "hay aspectos centrales que confirman nuestra presunción política de que junto a los superpoderes y las presiones a los jueces, ahora controlando a todos los medios, el gobierno se garantiza la supervivencia del modelo autoritario de poder".
"Si las telefónicas van a ser prestatarias -ejemplificó Morales- debe estudiarse a fondo el marco de la privatización, los compromisos generados por el Estado desde 2001, la desregulación total del sistema, entre otros puntos centrales" y dijo que el Congreso "debe tener un lugar central en la discusión con audiencias públicas, en las comisiones de ambas Cámaras y con el registro correspondiente de las posiciones de cada Partido".
Morales reclamó también de que se incluya el tratamiento de las leyes de información pública para que "se obligue a los funcionarios a que informen sobre sus actos y de regulación de los gastos de publicidad oficial".
Por su parte, la titular de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Silvana Giudici, aseguró que "es lamentable que la iniciativa del gobierno no incorpora en ninguno de sus artículos el punto 3 del acuerdo de los 21 puntos por la libertad de expresión" que se refiere a la regulación de la publicidad oficial. "Hoy la distribución de publicidad es arbitraria y escandalosa. Ha crecido más de 9 veces. Por eso exigimos que se debata la regulación del gasto público en propaganda", enfatizó la diputada porteña.
Giudici calificó al proyecto como "altamente intervencionista" y expresó que "la medida más extrema que se incluye prevé que cuando se produce la caducidad de la licencia de un medio, ésta pasa a manos del Comfer, quien la administrará obligando al propietario a no disponer de su patrimonio ya que el mismo quedará en manos del Estado: Lo que es gravísimo".
El jefe de los equipos técnicos, Ricardo Gil Lavedra, destacó que para el radicalismo "la libertad de expresión tiene una mayor dimensión por ser consustancial a cualquier régimen democrático", al explicar las conclusiones del taller "Agenda ampliada sobre libertad de expresión", organizada por el Instituto Radical de Política Públicas.
Fuente: DYN
