El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de cinco funcionarios de la TV Pública por la presunta comisión de los delitos de "administración infiel en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles", a raíz del retiro de 11,4 millones de pesos en efectivo de una cuenta de Radio y Televisión Argentina (RTA) para gastos de la producción de una serie sobre el prócer Manuel Belgrano, salteando los procesos administrativos correspondientes, tal como reveló PERFIL.
El pedido de indagatoria formulado ante el juez Luis Rodríguez apunta a Alejandro De la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; Claudio Lamalfa, tesorero; Guillermo Siaria, director de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales; Ernesto Molinero, gerente de Producción, y Ariel Berliner, subgerente de Producción. Una sexta imputada con pedido de indagatoria es Adiana Maestri, una escenógrafa externa contratada para la ficción.
El pedido de indagatorias excluye a la presidenta de RTA, la periodista Rosario Lufrano, y al director ejecutivo de aquel entonces, Eliseo Álvarez, a quienes el fiscal no consideró responsables de los delitos investigados. Este medio había acreditado de una reunión, diez días antes de los retiros investigados de dinero, en donde la mano derecha de Lufrano estaba al tanto de los flujos de dinero a utilizarse en la tira, aunque desmiente saber que se haría "en efectivo". Fuentes del canal confiaron a PERFIL que esa operatoria nació del apuro de los directores por sacar la tira y que no era la primera vez que se trabaja de esa manera en un trabajo audiovisual.
TV Pública: hay pruebas de que el segundo de Lufrano sabía del retiro de casi $ 12 millones
Según el dictamen, de unas 42 páginas, los imputados "excediéndose en sus funciones y abusando de la confianza que les había sido depositada en virtud de los cargos jerárquicos que ostentaban dentro de la estructura de la sociedad, dispusieron arbitrariamente de fondos del estado nacional en clara violación de los principios generales que rigen su accionar como funcionarios públicos".
Los acusados actuaron "con el objeto de materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria de la actividad allí desarrollada y eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado".
Ello, añade el texto, "redundó en indebidos beneficios para los imputados y hacia terceras personas, provocándose como contracara de ello un perjuicio económico en las arcas públicas".
Según el fiscal, "la maniobra cuestionada estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo, por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira".
Se trata de "Los amores prohibidos de Belgrano", una producción prevista por la TV Pública desde el inicio de la actual gestión y postergada por la pandemia.
El dictamen subraya que las conductas de los imputados no contaban "con la debida autorización del Directorio de RTA S.E. ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara". No obstante, fuentes del caso aseguran que hubo un visto bueno de manera informal para comenzar el trabajo.
"Si bien la documentación permite afirmar que desde el Directorio de RTA se tenía conocimiento del proyecto, toda vez que (Rosario) Lufrano suscribió diversos contratos de locación a mediados del año 2020 con los agentes que prestarían servicios para la concreción de la ficción, lo cierto es que lo que sucediera después de ello escapó de su conocimiento y, consecuentemente, de su aprobación".
Al estallar en los medios el escándalo, Eliseo Álvarez renunció, aunque aludiendo problemas de salud. Al principio, desde el canal dijeron que se trataban de cuatro millones de pesos los retirados, y luego confirmaron que fueron $ 11,4 millones, tal como anticipó PERFIL. Se recuperaron 8.089.083,88 pesos, y gastó en efectivo $3.314.059,99. Pollicita entendió que "fueron realizados a priori en beneficio de los propios encausados y ajenos a la finalidad para la cual fueron gestionados".
El retiro del dinero para supuestos gastos de la producción, así como "todo lo actuado con posterioridad por los imputados escapó del control de los integrantes del Directorio, que lejos estuvieron de autorizar las erogaciones cuestionadas".
"Sin que exista un presupuesto previamente aprobado y no mediando la aprobación del Directorio de RTA, gestionaron, autorizaron y cobraron anticipos de gastos por $11.400.000, monto que fuera extraído de las cuentas bancarias de la sociedad y sería utilizado por aquellos para materializar diversas erogaciones en efectivo que derivaron en un elevado perjuicio económico para el patrimonio nacional", resumió el fiscal.
JD / CP
