La Cámara Federal porteña ordenó que se siga adelante con la investigación en una causa contra el ex ministro de justicia menemista Rodolfo Barra, al revocar el sobreseimiento que le había dictado el ex juez Jorge Urso en una causa en la que se lo investigaba por presuntas irregularidades cuando estuvo al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN).
La Sala II del tribunal de alzada mandó al juzgado federal ocho a seguir las pesquisas acerca de la actuación de Barra cuando ocupaba la AGN y debió controlar el traspaso de acciones a trabajadores (Programa de Propiedad Participada-PPP) por parte de las empresas Telefónica y Telecom.
Según la denuncia que dio origen a la causa, Barra al frente de la AGN supuestamente habría 'cajoneado' un pedido de investigación por parte de los trabajadores de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) sobre la ejecución del PPP y presuntos incumplimientos de las cláusulas del mismo, informó la agencia de noticias DyN.
El fiscal Carlos Stornelli le había imputado a Barra la presunta comisión del delito de "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos", castigado por el Código Penal con penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial al funcionario que "no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
Pero el 16 de agosto último el juez federal Jorge Urso -ya retirado de la magistratura- lo desvinculó de la causa mediante el dictado de su sobreseimiento, resolución que luego fue apelada por el fiscal y la abogada Liliana Zabala, representante de los trabajadores de la ex ENTEL.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi cuestionaron la instrucción llevada a cabo por Urso al señalar que "a pesar de que transcurrió más de un año, (el juez) sólo se limitó a requerir diferentes expedientes que tramitaron en otros juzgados para concluir que '... el hecho investigado no se cometió ...'".
Y consideraron que " el accionar tendiente a afectar el derecho de propiedad de trabajadores que se vieron perjudicados por las ruinosas privatizaciones de la ex empresa telefónica nacional" hacen necesario "profundizar la investigación" porque, añadieron, "se ha puesto en tela de juicio la parcialidad de quien detentaba el máximo cargo dentro del ente de contralor creado por el Estado".
