Los integrantes de Revolución Federal apelarán los procesamientos en su contra. Las defensas de Jonathan Morel, Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra apuntan a revertir la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi quien en su fallo los encontró coautores penalmente responsables del delito por incitación a la violencia colectiva.
Sin embargo, el dato llamativo lo dio la defensa de Morel, que pidió en un escrito que el presidente Alberto Fernández se retracte de sus declaraciones en Twitter, donde criticó la exarcelación de los militantes, y se lo aperciba. La abogada Patricia Chale sostiene que hubo una violación del orden constitucional de la división de poderes y solicita que se lo aperciba.
Esta misma semana, la Sala I de la Cámara Federal Porteña ordenó la excarcelación de Morel, Sosa, Basile y Guerra, quienes se encontraban detenidos desde el 20 de octubre por orden de Martínez de Giorgi tras una serie de allanamientos.
En su fallo, el juez vinculó el clima de violencia política generado con el atentado a CFK
Los abogados de los cuatro miembros de la agrupación preparan sus apelaciones para ser presentadas ante la Cámara Federal porteña. Desde la defensa de Morel apuntan a formalizar la presentación del recurso la próxima semana toda vez que terminen de preparar los fundamentos del pedido de revisión judicial.
Nilo Medina, abogado de Morel, adelantó que junto a su colega Patricia Chale solicitarán audiencia oral con los jueces de la sala para sustanciar los argumentos de su apelación. Para el letrado existen diversos vicios relacionados al encausamiento de la investigación en torno al presunto financiamiento y la supuesta vinculación a la causa por el atentado contra Cristina Kirchner.
Por su parte, y sin detallar, Gladys Egui, defensora de Leonardo Sosa y Gastón Guerra, aseguró que también se opondrá al procesamiento dictado en primera instancia. Ambos jóvenes se abstuvieron a brindar indagatoria tras su detención pero ampliaron su declaración horas antes que se dictaran sus excarcelaciones.
Sosa, dijo ante el juez que los movimientos financieros de Morel eran “totalmente ajenos” a la agrupación; asimismo aludió a diversos episodios de discordia entre los miembros de Revolución Federal que provino de una desorganización del lado de Morel, de quien se distanció tras las consignas en marchas o en transmisiones en directo por redes sociales de las que no compartía criterio.
Para Medina hay una clara ausencia de fondo respecto a la tipificación del delito, es decir, no se reúnen los extremos de derecho de fondo para el procesamiento correspondiente a la calificación legal de incitación a la violencia colectiva, figura contemplada en el artículo 213 bis del Código Penal.
En la causa que tiene como querellante a la vicepresidenta, quien se opuso a las excarcelaciones, se sumó como parte afectada a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la titular del Inadi, Victoria Donda.
Si bien la Cámara Federal ratificó que los hechos que se le endilgan a Revolución Federal no guardan relación directa con el intento de homicidio a Cristina Kirchner; en su resolución de procesamiento, el magistrado Martínez de Giorgi sostuvo que la secuencia de actos violentos iniciados por la agrupación, “desembocó en la instauración de un estado de alarma social en virtud del atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación” y puntualizó que desde ese momento, Revolución Federal cesó con las publicaciones de las actividades que llevaba adelante en redes y en la calle.
Otro aspecto resaltante del procesamiento apunta a la libertad de expresión, argumento esgrimido por varios miembros de Revolución Federal en entrevistas concedidas a distintos medios. En ese sentido, el juez advirtió que exceden de su ejercicio y “el ámbito de reserva constitucionalmente amparado” y que las conductas de los ahora procesados “quedaron por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas”.
