Reynaldo Benito Bignone fue el último dictador de la historia argentina y el heredero de una saga militar responsable de asesinatos, torturas y desapariciones de unos 30.000 argentinos desaparecidos. El exgeneral del Ejército gobernó el país durante al final de la dictadura, tras la Guerra de Malvinas, y fue declarado culpable del secuestro de bebés y el asesinato de docenas de opositores. Pero jamás confesó sus crímenes.
Nacido en Morón en 1928, Bignone murió este 7 de marzo en el Hospital Militar de Buenos Aires a los 89 años. Al momento de su muerte, cumplía múltiples cadenas perpetuas por abusos contra los derechos humanos derivados de su participación en la "guerra sucia" de 1973 a 1983. Falleció días después de otro general retirado, Luciano Benjamín Menéndez, quien recibió 14 penas de prisión y 12 cadenas perpetuas, más que cualquier otro líder militar de la dictadura.
En marzo de 1976, tras varios años de agitación económica y violencia por parte de grupos izquierdistas, la Junta militar se presentó como un gobierno que se encargaría de pacificar y “reorganizar” el país. Los líderes militares prometieron acabar con los subversivos, que desde principios de los ‘70 orquestaron cientos de secuestros y asesinatos de líderes empresariales y funcionarios del gobierno, y devolver la normalidad al país.
Pero la Junta Militar, dirigida por Jorge Rafael Videla, no tardó mucho en convertirse en el último “reinado del terror” de la Argentina. Los centros clandestinos de secuestro, tortura y ejecución se convirtieron en horrores comunes, y las mujeres que daban a luz en esas circunstancias a menudo eran asesinadas. Según los informes, cientos de sus hijos fueron robados y, bajo documentos falsos, entregados a familias de militares sin hijos.
“ACTOS DE SERVICIO”
Videla presidió gran parte de la dictadura hasta su renuncia en marzo de 1981. Bignone, retirado del Ejército, se instaló como líder de facto en 1 de julio de 1982 y su ascenso tuvo como principales oponentes a la Marina y la Fuerza Aérea. El nuevo dictador se presentó como un liberal defensor de la economía de libre mercado y los medios de comunicación, secuestrados por la Junta Militar, lo definieron como un hombre “apacible”.
"Bignone viene a reparar los platos rotos después de las Malvinas", dijo hoy Carlos Osorio, director del Proyecto de Documentación del Cono Sur para el Archivo de Seguridad Nacional, un centro de investigación independiente en la Universidad George Washington (EE.UU.). "En este momento, la represión ha disminuido sustancialmente, pero la confianza en la sociedad se ha hecho añicos y tuvo que hacer la transición a un gobierno civil".
A Bignone le correspondió la tarea de dirigir un gobierno agonizante, después de la humillante derrota de la Guerra contra Gran Bretaña. A partir de entonces, la política se le fue de las manos: la inflación y la deuda externa, además de los crecientes reclamos de libertad de expresión por parte de organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, llevaron a dudar de su capacidad como gobernante de facto. Además, por primera vez desde 1976, comenzaron a verse grandes manifestaciones públicas callejeras y huelgas masivas.
Durante sus últimos meses en el poder, Bignone se dedicó a preparar el retorno a la democracia, pero no sin antes firmar un decreto por el cual había que hacer desaparecer millares de documentos que podrían implicar a la Junta Militar en atrocidades y declarar una amnistía general para los oficiales que habían participado. Además, impulsó un acta por la cual se declaraba muertos a los desaparecidos y refería como "actos de servicio" los crímenes cometidos por la dictadura.
En el denominado "Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo", Bignone negó que hubiera personas desaparecidas en lugares secretos de detención por lo que "debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos".
En su libro "El último de facto", el exgeneral justifica la destrucción de la documentación diciendo que "hubiera sido un error trágico publicar una lista de muertos. Después vendrían los interrogantes: ¿quién lo mató, dónde está el cadáver, por qué lo mataron?". Posteriormente, en los muchos juicios celebrados en su contra, defendería la actuación de las Fuerzas Armadas.
LA ÚLTIMA GUERRA
En 1983, el último dictador acordó con los partidos políticos el llamado a elecciones libres y democráticas para el 30 de octubre de 1983 y llevó adelante la transición. "Espero ser el último presidente de facto", había dicho Bignone poco antes de entregar la banda presidencial a Raúl Alfonsín. Terminado el acto en el Salón Blanco, Bignone se retiró pero la historia no se olvidó de él.
En 1990, Carlos Menem emitió una amnistía general que protegía a la mayoría de los líderes militares y exterroristas de la guerra sucia del enjuiciamiento por violaciones de los derechos humanos. La Corte Suprema anuló ese decreto en 2005, ya que Néstor Kirchner buscó un juicio sobre los casos de derechos humanos en la dictadura. Dos años después, Bignone fue juzgado.
El anciano fue puesto bajo arresto domiciliario y, en 2010, fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos. Fue condenado a 25 años de prisión por su complicidad en el secuestro y asesinato de 56 detenidos en la base militar Campo de Mayo, donde fue el segundo al mando desde 1976 hasta 1978.
En los años siguientes, el general recibió sentencias de prisión más largas: por la supervisión de un centro secreto de tortura dentro de un hospital; por el secuestro y la tortura de más de 30 trabajadores de fábricas, muchos de ellos activistas sindicales; y por su papel en la incautación de 34 bebés de los que el régimen encarceló (y en la mayoría de los casos, ejecutó) como subversivos.
Bignone recibió su última condena en 2016, cuando un juez lo sentenció a 20 años de cárcel por su participación en el “Plan Cóndor”, con el que las dictaduras de América del Sur coordinaron su sistema represivo, y por participar en el plan sistemático de apropiación ilegal de niños, entre otras causas.
Hasta el final de su vida, Bignone defendió sus acciones como “necesarias” en una "batalla contra el terrorismo". En su defensa, dijo que el número de asesinatos de la Junta estaba muy por debajo lo que los grupos de derechos humanos reclamaron –reconoció solo 8.000- y que los tiempos extremos exigían medidas extremas. "En tiempos de paz, la desaparición de una sola persona significa una cosa", dijo, "y en tiempos de guerra significa algo más".
