El negocio de importación de Gas Natural Licuado (GNL) que está investigando el juez Claudio Bonadio involucra números exorbitantes: la factura del gas que llega por barco para cubrir la faltante de oferta local ascendió hasta los US$ 11.415, 21 millones entre 2010 y 2014, según datos oficiales. La cifra representa alrededor de la tercera parte de las reservas del Banco Central (BCRA).
El magistrado ordenó la semana pasada un operativo para requerir información en las oficinas de YPF, el Ministerio de Planificación y Enarsa, la empresa estatal de energía. En concreto, Bonadio quiere saber si se pagaron coimas y sobrecostos durante la compra de cargamentos de GNL. La Argentina puso en marcha su primera terminal regasificadora durante el invierno de 2008. La planta está ubicada en el muelle de la empresa petroquímica MEGA, en Bahía Blanca.
Cuatro años más tarde se sumó una segunda terminal en Escobar. En conjunto, procesan hasta 30% del gas que se consume en los días de frío. En la práctica, la operatoria del sistema requirió el arribo de entre sesenta y cien barcos de GNL por año desde 2011 a la fecha. El costo por carga oscila entre los treinta y cuarenta millones de dólares. Como las tarifas residenciales se mantuvieron congeladas durante más de diez años, la mayor parte de ese valor corrió por cuenta del Tesoro Nacional en forma de subsidios.
La importación de GNL estuvo desde ese año y hasta fines de 2012 en cabeza de Enarsa por decisión del ministro de Planificación, Julio De Vido. El arquitecto del marco regulatorio del negocio fue Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas del menemismo e ideólogo de las privatizaciones de los ’90. Especialista en derecho administrativo, Dromi constituyó una serie de sociedades que brindaron servicios de consultoría a Enarsa y los proveedores de GNL, como la española Gas Natural Fenosa.
Ese modus operandi se mantuvo invariable por cuatro años: Enarsa invitaba a determinadas empresas –definidas por Roberto Baratta, mano derecha de De Vido en Planificación– a cotizar por los cargamentos de gas. A pesar de los reiterados pedidos de información pública, los contratos firmados nunca salieron a la luz.
El esquema se modificó en noviembre de 2012, cuando Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, ordenó transferir la compra de GNL bajo la órbita de YPF, reestatizada en mayo de ese mismo año. Lo hizo con la sospecha de que Enarsa había pagado sobrecostos en importación de gas e incluso abonado adelantos millonarios por cargamentos que nunca llegaron. En los pasillos de la compañía estatal aún se habla, en ese sentido, de la contratación del Perla Negra, el barco de GNL que se habría pagado parcialmente sin que arribara nunca a destino.
