El juez federal investiga posibles sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), que podría esconder pago de sobornos o dádivas. Allanó ayer tres sedes oficiales en busca de documentación.
En medio de la polémica que se desató porque fue apartado de la causa Hotesur, el juez Claudio Bonadio dispuso ayer el allanamiento del Ministerio de Planificación y de las empresas estatales Enarsa e YPF. Fue en el marco de una causa por supuestos sobreprecios en la importación de gas que podrían esconder sobornos o dádivas. El ministro Julio De Vido ironizó con que “hay un plan de allanamientos para todos y todas”.
Fuentes cercanas al juez intentaron deslindar esta resolución del cruce con el oficialismo por haber sido apartado de la causa en la que investigaba los movimientos de una sociedad de la familia presidencial. Aseguraron que la decisión de allanar las sedes oficiales ya estaba tomada hacía dos semanas y que corría por otro andarivel. La causa en cuestión fue iniciada a partir de una denuncia que presentaron los diputados de Unión PRO Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso en octubre del año pasado. Allí, solicitaron determinar si los funcionarios y asesores involucrados “realizaron negociaciones incompatibles con la función pública”. La presentación se basa en dos notas periodistícas surgidas esos días, una con declaraciones de Roberto Dromi (quien asesoraba a Planificación en temas energéticos) y otra con un descargo de YPF. “De lo expuesto surge que un asesor del ministro a cargo de Enarsa afirma que YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley, mientras que YPF afirma que antes de 2012 se actuaba sin transparencia, con intermediaciones y pago de comisiones innecesarias ‘en perjuicio del país’. Ambos declarantes han participado directamente en la operatoria de compra de gas licuado para la Argentina, en representación del Estado”, sostiene el texto.
En ese marco es que Bonadio decidió avanzar en una causa que afecta directamente a De Vido, un ministro con el cual, según las fuentes consultadas, mantuvo todos estos años una muy buena relación. El operativo, al igual que el realizado en Santa Cruz en el marco de la causa Hotesur, fue realizado por efectivos de la Policía Metropolitana y formalmente llevó el nombre de “allanamiento de requerimiento de información”. Desde la petrolera, sin embargo, salieron a aclarar que el procedimiento judicial en sus oficinas “no constituyó un allanamiento”, sino una “orden de presentación” por la cual el juez Bonadio “requirió documentación vinculada con las compras de GNL por parte de Enarsa durante el período que va desde el año 2008 hasta la actualidad”. YPF, además, asegura que “pondrá a disposición” de la Justicia toda la documentación y que hasta el momento la firma “no tuvo intervención previa en la causa ni tiene conocimiento de lo que se investiga en ella”. Por otra parte, aclara que el trabajo de asesoramiento comenzó en noviembre de 2012 y sirvió para “establecer un proceso de selección de los oferentes totalmente transparente”.
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