La trama detrás del triple crimen de General Rodríguez sigue sacudiendo al poder político porque detrás de aquel caso de 2008 los poderes fácticos que parece que nunca se irán se cruzan continuamente a través de miembros de la ex SIDE, la DEA, la Policía Bonaerense, la política y las fuerzas de seguridad federales. De fondo, aunque a la vista: el narcotráfico.
El jueves por la noche, Ibar Esteban Pérez Corradi, supuesto autor intelectual de los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en el marco de un negocio de efedrina, estaba localizado y cerca de caer. El dato de su paradero había llegado la semana anterior a la ministra Patricia Bullrich en un escrito reservado que redactó uno de los investigadores del triple crimen. El investigador envió el informe sobre el supuesto paradero del prófugo más buscado por el Gobierno de Mauricio Macri, intentando asegurarse de que el Gobierno aprobara el operativo mientras la Justicia resolvía si la causa pasaba al fuero federal. Lo ubicaba en la triple frontera, con socios extranjeros y protección local, supuestamente activo en el negocio de los anabólicos y las metanfetaminas.
Por pedido del investigador y con la aprobación de Bullrich se encomendó la tarea exclusivamente a Gendarmería, que el jueves por la noche operaba en la zona junto a fuerzas extranjeras. El viernes cerca de las 2 de la madrugada, una guardia mantenía la vigilia, según confirmaron fuentes de la investigación. Desde Buenos Aires, esperaron novedades durante horas.
Minutos antes de las 10 de la mañana, los abogados de Pérez Corradi, Juan José Ribelli y Carlos Broitman, recibieron la confirmación oficial de que la jueza federal María Servini de Cubría aceptaba investigar la segunda etapa de la causa del triple crimen de General Rodríguez. El caso ahora tiene vuelo federal, una jerarquía política que lo agranda y pone nerviosos a algunos miembros de la política. Pero tranquiliza a otros. En un escueto texto, sin pedir la opinión de la fiscalía, la magistrada se declaró competente en el expediente que le envió la semana pasada el fiscal bonaerense Juan Bidone, como adelantó PERFIL.
Parecía ser la noticia del día. Pero antes de las 13, los investigadores que esperaban noticias del operativo para capturar a Pérez Corradi escuchaban por los medios a los abogados del prófugo asegurando que estaba detenido en el Paraguay. Ellos no tenían información al respecto, aseguran. ¿Alguien buscaba frustrar el operativo?
La noticia sacudió al Gobierno y a los tribunales federales. Ni la jueza ni los fiscales que intervienen, ni las fuerzas de seguridad, ni la Agencia Federal de Investigaciones (AFI, ex SIDE) ni el Ejecutivo podían confirmar si lo que los abogados sostenían era cierto. Se llamaban mutuamente, se reunían y el paso del tiempo oscurecía el panorama. Infobae fue el primero en detallar cómo había sido la presunta caída en un country a 30 kilómetros de Ciudad del Este: Paraná Country Club. Paraguay desmintió la captura. También Interpol. El Gobierno no dio explicaciones.
El caso tuvo otro antecedente confuso el miércoles, cuando el Grupo Halcón de la Bonaerense, enfrentada a la ex SIDE, allanó la casa de la ex esposa de Pérez Corradi en Acassuso por un dato de la AFI que no dio frutos. La mayor preocupación de Pérez Corradi siempre fue la DEA. Estados Unidos reclama desde 2009 su extradición por un caso de drogas.
Ayer, después de visitar el juzgado de Servini y confirmar que no había información oficial sobre la detención, los abogados debieron salir a poner cautela al anuncio. Broitman dijo que no estaban seguros, que se enteró por un llamado del Paraguay, pero no quisieron dar detalles de quién los llamó y que creen que se detuvo a un grupo de personas entre los que podría estar Pérez Corradi. Ayer por la tarde se subieron a un avión de línea rumbo a Ciudad del Este. Dijeron que presentarían un hábeas corpus. Nadie confirmaba, al cierre de esta edición, si fue detenido.
