El fallo de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal surge luego de que "las defensas de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez (hijo del empresario kirchnerista), César Fernández (presidente de la sociedad SGI -La Rosadita), Fabián Rossi (presunto armador de las sociedades offshore de Panamá), Walter Zanzot (presidente de la empresa de taxis aéreos Top Air) y Sebastián Pérez Gadín (hijo del contador) han deducido impugnaciones contra el procesamiento y las medidas de cautela personal y real (...) y también se articularon diversas nulidades".
Allí, los jueces de cámara Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes firman el escrito, determinaron rechazar las nulidades articuladas por las defensas y confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín.
Otro de los puntos fundamentales del fallo fue la confirmación de los procesamientos de Martín Báez, Fernández, Rossi, Zanzot y Sebastián Pérez Gadin ordenados por el Juez de grado. A su vez, a todos ellos –junto a Báez y Pérez Gadín– se les ratificó los embargos y demás medidas cautelares sobre los bienes de los imputados como el secuestro de vehículos, bienes registrables, aeronaves, entre otros.
Presidenta. La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner también es señalada en uno de los puntos claves denominado “Lo que viene dejándose de lado. Consideraciones necesarias sobre los hechos”, donde los camaristas solicitaron que se preste especial atención a las hipótesis basada "en la existencia de un grupo de personas que con distintos matices manejaban grandes sumas de dinero de dudosa procedencia ligada a la corrupción".
"De la lectura del trámite se encuentran datos concretos que indican que empresas de Lázaro Báez fueron adjudicadas para ejecutar numerosas obras públicas solventadas con fondos asignados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación", explican.
"Es de sentido común concluir que resulta inviable pretender enfocar la instrucción en el extraordinario incremento patrimonial –ilícito- que exhibió Lázaro Báez, sin adentrarse a analizar su relación con el cuadro de conexiones y manejos mencionado, avanzando así sobre la hipótesis de un eventual acuerdo de voluntades para hacerse espuriamente de fondos públicos, de forma planificada y continuada, –a través de influencia, decisión directa o connivencia de integrantes del poder político-", manifiesta el fallo.
Es allí donde se le ordena a Casanello investigar a Cristina Kirchner "con relación al conjunto de operaciones por las que se requirió sucesivamente la instrucción que involucran a Lázaro Báez y a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Obras Públicas. Hay que avanzar sobre esa línea sin más demoras. Así, por ende, se encomendará al Juez."
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