El titular del AFSCA, Martín Sabbatella, cerró la segunda jornada por la Ley de Medios, luego de que el equipo del Grupo Clarín integrado por la constitucionalista María Angélica Gelly, Alejandro Carrió y el abogado del multimedio, Damián Cassino, asegurara que con la eventual ratificación de la norma, está en juego la “libertad de expresión” y que el objetivo final es “acallar la única voz crítica”.
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
“Vengo a enfrentar el escandaloso fallo de la Cámara hecho para el Grupo Clarín y lo que necesitamos es luchar contra los monopolios y permitir la pluralidad de voces”, sentenció el funcionario.
"Argentina tiene un problema de concentración mediática. Necesitamos solucionarlo", exhortó. "Por nuestra democracia que queremos para Argentina: nunca menos democracia y nunca más concentración de medios", proclamó ante el máximo tribunal.
Para Sabbatella, el grupo empresario “logró la concentración de poder económico" durante la dictadura militar. "El país se hundía y ellos crecían", expresó.
Respuesta. Martín Sabbatella calificó como una "mentira" que la aplicación de la ley "funde a las empresas". Frente a ello, expuso el ejemplo de Cablevisión, socio de Clarín, que "se presentó voluntariamente sin vocación suicida y dijo que quería adecuarse a la norma para estar bajo la lupa de la ley”.
“No hay libertad de expresión sin reglamentación de mercado", concluyó.
Hostigamiento. Horas atrás, los representantes del Grupo Clarín aseguraron ante la Corte que "lo único que se persigue es desguazar al grupo Clarín". "¿Para qué quiere el Estado las licencias del Grupo Clarín si no es para silenciar la única voz crítica?", preguntó.
"La sustentabilidad económica de las empresas es una cuestión central para garantizar la independencia y pluralidad de voces, la producción periodística requiere sustentabilidad económica", argumento el abogado Damián Cassino, que señaló la existencia de un clima de "hostigamiento" en el que se quitó "toda la publicidad oficial", en un intento por vincular las pérdidas económicas que sufriría el conglomerado mediático con una eventual desinversión.
Ahora la Corte analizará los argumentos de ambas partes y deberá decidir por primera vez la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Medios.
