La provincia de San Luis demandó hoy ante la Corte Suprema de Justicia al Gobierno Nacional por el dictado de un decreto a través del cual dispuso la utilización de 6.569 millones de dólares de las reservas federales para el pago de la deuda pública.
El Gobierno de Alberto Rodríguez Saa presentó un amparo en el que le solicitó al máximo tribunal la impugnación del decreto 2010/09 por el que la presidenta Cristina Fernández dispuso el uso de las partidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para ese fin, le informó a DyN el abogado de la provincia, Rodolfo Barra, ex juez de la Corte Suprema.
"Hicimos la presentación sobre la base de que las provincias tienen dominio sobre las reservas del BCRA. La medida va a dañar el patrimonio del banco y el valor de la moneda y requiere una decisión del Congreso Nacional", explicó Barra, que fue ministro de Justicia e integró el máximo tribunal durante el Gobierno de Carlos Menem.
El abogado, que hizo la presentación junto al fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y a Horacio Liendo (h), ex secretario y asesor del Ministerio de Economía de Domingo Cavallo, le pidió a la Corte Suprema que le envíe un oficio al BCRA para que explique la situación y que habilite la feria judicial de verano para tratar el tema. "La cuestión es muy urgente porque el decreto se está ejecutando", sostuvo Barra. La Presidenta anunció el 14 de diciembre pasado la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad por el uso de las reservas federales para pagar la deuda en dólares el año que viene, para lo cual dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
El decreto debe ser ratificado por una comisión bicameral del Congreso, donde se generó un fuerte conflicto por este tema. Mañana el oficialismo y la oposición definirían en manos de quién quedará la presidencia.
En su demanda, San Luis objetó que el decreto fue dictado un mes después de que el Congreso aprobó el presupuesto nacional para 2010 y que el tema del uso de las reservas no haya pasado por el Parlamento. "Una cuestión de tanta trascendencia debe estar respaldada por una ley", opinó Barra, quien señaló que en el caso "no existe ni la necesidad ni la urgencia".
"Estas cosas agravian al pueblo de la provincia y su capacidad tributaria. El Gobernador debe defender la Constitución y las leyes", agregó. San Luis ya había presentado este año otra demanda contra el Gobierno por la aplicación de las retenciones en el reparto de la coparticipación, causa que sigue en trámite.