El contador Julio César Jiménez fue acusado por la diputada Elisa Carrió de ser el vínculo entre la empresa de seguridad del edificio Le Parc, donde fue hallado sin vida el fiscal Alberto Nisman, la empresa del ex espía Antonio Stiuso American Tape SRL y otras sociedades relacionadas con la pareja de la jueza Sandra Arroyo Salgado y la trama de la mafia de los medicamentos. Este nexo fue uno de los elementos clave de su declaración testimonial ante la fiscal Viviana Fein, en la que presentó la hipótesis de un comando iraní como responsable de la muerte de Nisman.
La imagen de Jiménez a la espera del colectivo para ir a trabajar encaja poco con el personaje que parecía surgir detrás de las acusaciones de Carrió.
“Tiene tantos clientes porque es el más barato”, cuenta a PERFIL, con cierto tono de reproche, la esposa de Jiménez, mientras compartía con el cronista y su marido una ronda de mates. La casa donde viven, en Caballito, es la típica de un profesional de clase media, con arreglos pendientes, una inquieta perra mestiza y expedientes de sociedades invadiendo el living.
El trato directo con este gestor ya jubilado –a pesar de que continúa haciendo trámites para algunos clientes– y el testimonio de los empleados de la Inspección General de Justicia (IGJ) parecen echar por tierra las sospechas ventiladas por la diputada.
Tras recibir asesoramiento legal, pasada la sorpresa inicial de él y su familia al verse vinculados en la televisión con los casos más oscuros que conmueven al país, Jiménez decidió realizar una presentación espontánea ante la fiscalía de Fein. El jueves a las 13.30 llevó personalmente el escrito ante el tribunal para rechazar las acusaciones y ponerse a disposición de la Justicia.
Lejos de la imagen de un hombre clave en la trama de negocios turbios, Jiménez va al centro en colectivo y subte. PERFIL lo encontró en la parada del 110, que le permite conectar con la línea B y llegar, unos 40 minutos después, a las oficinas del centro en las que hace trámites.
“Soy como un tercerizado de escribanías para las que tramito presentaciones ante la IGJ”, indicó Jiménez antes de pormenorizar una serie de datos técnicos que este medio verificó en consultas con profesionales especializados en sociedades y empleados del Ministerio de Justicia.
“Se llaman recurrentes en la jerga, pero funcionan como gestores especializados en trámites de sociedades que se hacen en la IGJ”, explicaron empleados del ministerio. También confirmaron que era cierto, como indicó Jiménez, que él no tiene “ningún contacto con los responsables de las empresas” ni es el contador “a cargo de los balances”.
Una rápida búsqueda en el boletín oficial muestra que el volumen de empresas que han recurrido a sus servicios –siempre a través de escribanías que lo subcontratan– permitiría conectar innumerables tramas de negocios. “Varía un poco dependiendo de las épocas, pero tramito más o menos veinte expedientes por semana, en un año puedo llegar a trabajar para 800 empresas”, explicó Jiménez. El dato fue corroborado por este medio.
Sobre American Tape cuenta que él realizó trámites en los que nunca figuraba Stiuso. “Tuve un problema con la escribana que los representa, por eso decidí no hacerles los trámites cuando presentaron un expediente para pasar de un capital de 6 mil pesos a 6 millones, decidí no tramitarlo”, indicó, documentos en mano.
