La Prefectura, la Policía Federal y la AFIP hicieron ayer allanamientos simultáneos en oficinas del Grupo Indalo de Cristóbal López en Buenos Aires y Comodoro Rivadavia, en busca de documentación relacionada con la denuncia por “insolvencia fiscal fraudulenta” y “obtención indebida de beneficios” que realizó el jefe del organismo recaudador, Alberto Abad.
Los allanamientos comenzaron al mediodía y se extendieron por varias horas en las instalaciones del canal C5N en Palermo, en las sucursales de Oil e Inversora M&S en el centro, en la empresa Delloite y en las agencias de la AFIP 11 y 51, a las que se investiga por complicidad con una supuesta maniobra ilegal.
De acuerdo con la denuncia de la AFIP, que se efectuó a raíz de una investigación del diario La Nación, López y su socio, Fabián de Sousa, retenían el impuesto a la transferencia de combustibles, por contar con más de 200 estaciones de servicio (compradas a Petrobras), y en lugar de girar ese dinero a la AFIP lo utilizaron –siempre según la acusación– para fondear el resto de las empresas de Indalo. La suma acumulada de 2012 a 2015 es de 8 mil millones de pesos. Según la presentación judicial, el grupo recibía moratorias privilegiadas que no le correspondían. “Por una acusación similar fueron sobreseídos López, De Sousa y (el ex titular de la AFIP) Ricardo Echegaray), dijeron fuentes de la compañía.
En un comunicado, la empresa de López dijo que colaboró “facilitando toda la documentación solicitada en tiempo y forma. Asimismo, a través de sus abogados, dentro de las 72 horas se presentará voluntariamente la documentación adicional que no fue ubicada durante las diligencias”.
Agregó que el martes pasado López y De Sousa se presentaron voluntariamente ante el juzgado de Verónica Straccia para ponerse a disposición. “El Grupo Indalo trabaja desde hace muchos años con transparencia y está siempre a disposición de los requerimientos de los diferentes poderes del Estado para informar de todas sus actividades”, se explicó en el escrito.
Los allanamientos fueron pedidos por el fiscal Germán Bincaz. La causa está bajo “secreto de sumario”. López, muy cercano a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, expandió su grupo empresario en los últimos cuatro años (período en el que habría retenido ese dinero) adquiriendo medios de comunicación.
Tras la denuncia de La Nación, López y De Sousa anunciaron que dividirían su grupo empresario. Oil, la empresa que está en la mira de la Justicia por el impuesto al combustible, quedaría para Fabián de Sousa, siempre según esa división. La causa seguirá su curso.
