Los gobernadores comenzaron a acatar la orden de la Casa Rosada de dar marcha atrás con los aumentos salariales a los policías, con el argumento de que fueron otorgados bajo presión. Primero Chaco y después Entre Ríos deshicieron los acuerdos firmados y ofrecieron otras propuestas a los uniformados. Están esperando sus respuestas para cerrar el conflicto. Esta decisión será imitada, seguramente, por otros gobernadores. Se evitará así que haya una escalada del resto de los empleados estatales reclamando cifras que las provincias no pueden afrontar.
En la primera semana de diciembre, las policías de varias provincias se autoacuartelaron para reclamar mejoras en los sueldos y dejaron zonas liberadas que propiciaron saqueos y violencia. En medio de las protestas hubo 14 muertos.
El gobierno nacional instó a los fiscales y los jueces a que procesen por sedición a los policías que protagonizaron los alzamientos y a que investiguen si existió conexión entre los que saquearon y los uniformados. Es el argumento jurídico en el que se basaron Juan Carlos Bacileff Ivanoff (Chaco) y Sergio Urribarri (Entre Ríos) para declarar nulos los aumentos salariales, que habían llegado hasta los 8.500 pesos de básico.
El ministro de Gobierno de Chaco, Marcos Verbeek, dijo a PERFIL que el conflicto está “casi resuelto”. La oferta que les hicieron a los policías es que ninguno de ellos cobrará menos de seis mil pesos de bolsillo. Urribarri, en tanto, propuso a los entrerrianos un adicional de entre 1.600 y dos mil pesos por enero y febrero. Disconforme con la contrapropuesta, Horacio José Argainz, vocero de los policías de Entre Ríos, dijo que las protestas volverán hoy, aunque sin abandonar las guardias. El Superior Tribunal de Justicia de esa provincia adelantó que denunciará a setenta policías responsables de haber protagonizado las protestas y la violencia.
El gobernador chaqueño volvió a señalar durante esta semana que “en Chaco son nulos los acuerdos. Yo hice la denuncia en la Procuración y en la Justicia para que se investiguen los hechos que se desataron por la revuelta policial, y hay más de 300 personas citadas por los acontecimientos”. Las denuncias judiciales y las sanciones instruidas por sus superiores asustaron a los policías de Chaco, que estarían por alcanzar un acuerdo. “La no represalia contra los compañeros es algo que el gobierno no cumplió y eso genera mucho temor”, dijeron en reserva representantes de la fuerza.
El temor de los gobernadores es que las protestas vuelvan a las provincias.
