Tras el mensaje que dio el presidente Alberto Fernández desde Tecnópolis, el senador nacional del Frente de Todos, Alfredo Luenzo (Chubut), afirmó el pasado miércoles que presentará un proyecto de ley para “declarar a internet como servicio público esencial”.
En el marco del inicio de una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, la cual Luenzo preside, y en donde además se viene tratando desde hace semanas la necesidad de regular los contenidos en las plataformas de Internet, el legislador oficialista apoyó la postura que el presidente ratificó este lunes.
“Quería desde la presidencia de la comisión acompañar y apoyar públicamente la decisión que ha tomado el presidente de avanzar en declarar a Internet como un servicio esencial público”, anticipó Luenzo.
En tal sentido, consideró que este es “un tema central”, al tiempo que destacó que el DNU 690/21 (frenado en la Justicia) fue “un gran paso”, pero “lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema”.
Los antecedentes del proyecto y el reclamo de Alberto Fernández
"Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que Internet es un servicio público... ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas", afirmó el lunes Alberto Fernández, en la presentación del plan Argentina Programa, alimentando así las tensiones entre el gobierno y las empresas de telecomunicaciones.
En tanto, el 21 de agosto de 2020, el presidente emitió un DNU que declara a los servicios de internet, telefonía y televisión paga como servicios públicos esenciales, con ocasión de la cuarentena derivada de la pandemia de la Covid-19.
Sin embargo, la Justicia admitió la medida cautelar que pidieron de forma conjunta las empresas Telecentro y DirecTV contra el mismo DNU, la cual sostiene que las compañías no necesitan el aval del Enacom para aplicar un aumento de tarifas, y podrán seguir estableciendo los precios que más le convengan sin autorización.
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Brecha digital en Argentina
“La conectividad es el eje central de nuestras vidas”, aseguró Alfredo Luenzo, y resaltó: “Tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su realidad con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior, donde el mercado no lo puede resolver”.
Sobre este punto, el senador chubutense hizo hincapié en que “la brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante”. “Hay provincias como el caso de Formosa, que apenas el 30% tiene acceso a la conectividad. Provincias como las nuestras, en la Patagonia argentina, donde rondamos el 40% y 50%. Y esto significa lisa y llanamente, en un marco de pandemia como estamos viviendo, ser excluidos del sistema educativo, de salud, del trabajo y economía del conocimiento”, alarmó.
Por ese motivo, el senador aseveró que este “acompañamiento firme” a la intención del mandatario “se va a ver traducido en el día de hoy con la presentación de un proyecto de ley. “Esto implica un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el presidente de ir por un marco normativo legal, firme, robusto, y que realmente el acceso a internet sea una realidad, no solamente en Capital, sino en todos los rincones de la Argentina”, explicó.
Qué busca el proyecto
El objetivo del proyecto es “posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la Argentina a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo relativo de provincias y regiones”.
Así lo expresa el texto, que remarca que “así como el gas, la electricidad y el agua fueron los servicios públicos tradicionales, los servicios de tecnologías de la información y la comunicación son los nuevos servicios públicos del siglo XXI”.
En esa línea, la iniciativa modifica el programa de Servicio Universal que tiene como objetivo “asegurar el acceso de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas, localización geográfica o limitaciones físicas”, el cual será actualizado en un plazo no mayor a 2 años en función de “las necesidades y requerimientos sociales, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la política de las TIC”.
Por otro lado, declara a la telefonía móvil un servicio público, esencial, estratégico en competencia, y, en relación al esquema tarifario, el proyecto ratifica el criterio establecido en el DNU 690/20.
