A Sergio Rodríguez lo apodan “verdura” o “tomate”. Líder de una banda dedicada al narcotráfico en la zona sur del conurbano bonaerense, su nombre llegó a la justicia a través de un anónimo.
Era diciembre de 2018 y desde entonces en el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, empezó una investigación en la que las fuerzas de seguridad estuvieron cerca de atraparlo tres veces. Rodríguez se escapó de cada una de ellas de forma casi cinematográfica. Hasta que en febrero último, cansado, cercado y sin medios para seguir escapándose, se entregó.
Confrontado con la prueba en su contra, empezó a ofrecer información que mejorara su situación. Pero lo que confesó no apuntó sólo al narcotráfico, sino que se transformó en el puntapié inicial de una nueva causa de espionaje ilegal. Una trama en la que entre los espiados no sólo hay políticos, diputados, gobernadores y hasta expresidentes, sino también periodistas, empresarios, sindicalistas, y jueces.
Lo que llegó después del aporte de Rodríguez es una investigación en la que se acumula prueba directa e indirecta de espionaje ilegal y que en sólo tres meses avanzó con fuerza. La hipótesis inicial del caso, que tramita ante Villena y la fiscal Cecilia Incardona, es la de una posible organización criminal, dentro del Estado Nacional, dedicada a la realización de actos de espionaje interno, prohibidos por la ley. Un objeto que pone bajo la lupa a la anterior gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuando el organismo estaba bajo la órbita de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La dupla ya quedó imputada el último viernes, en otra causa, la que comenzó tras una denuncia de la actual interventora del organismo, Cristina Camaño, y apunta a espionaje ilegal vinculado a mails pinchados.
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Hasta entregarse a la justicia, Rodríguez se escapó tres veces de procedimientos realizados para detenerlo. La primera vez de su casa de Monte Grande huyó por los techos del fondo. La segunda, fue sorprendido en una camioneta 4x4 y aceleró por caminos de tierra dejando detrás al personal policial. La tercera, evadió un procedimiento ordenado por el juzgado, con el apoyo de fuerzas especiales de policía federal, escapando a los tiros y por un salvoconducto que, luego se comprobó, tenía preparado y ensayado ya que su vivienda era una calle sin salida pero con un pasadizo de escape hacia otra manzana del barrio, según detallaron fuentes de la causa. Quienes sí fueron detenidos en esas ocasiones fueron otros partícipes de su organización y también familiares directos que participaban de las maniobras investigadas. Hasta entonces se había determinado la existencia de la banda dedicada al narcotráfico, con influencia en los partidos de Esteban Echeverría y Almirante Brown. Vendían unos tres kilos de cocaína por día, repartidos en más de 10 puntos de venta (búnkers) con protección de personas fuertemente armadas.
El 20 de febrero último, cercado, sin recursos y con su organización desbaratada, Rodríguez se entregó con la condición de hacerlo en presencia de Villena, ya que temía por su vida. Finalmente, Villena lo detuvo en la localidad de Ingeniero Budge. El escenario judicial de Rodríguez era complejo. Del análisis de las intervenciones telefónicas que le habían realizado habían surgido otros posibles hechos delictivos que lo complicaba aún más: habrían baleado con ráfagas de ametralladora a un vendedor de autos usados, a otra persona le prendieron fuego su casa, y a un narcotraficante, que sería su competencia, lo buscaban para ultimarlo.
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No era lo único. En la investigación también surgió que Rodríguez se encontraba planificando un potencial atentado contra el juez Villena, de quien tenía en su poder cinco fotografías. En los distintos allanamientos del caso se secuestraron drogas, distintos tipos de armas, municiones, dinero, esposas, luces azules y otros elementos similares a los de las fuerzas de seguridad,
Todas esas pruebas recolectas sumada al objetivo de querer mejorar su situación y la de su familia hicieron que Rodríguez decidiera confesar y aportar elementos que permitieron continuar con la investigación. Pero su aporte fue más allá de la causa por narcotráfico. Habló de sus vínculos con un abogado ligado a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y así comenzó a investigarse una trama que incluye ataques intimidatorios, seguimientos y avances sobre la intimidad de distintas figuras. Nombres de peso ocupan las fojas de la investigación que sólo lleva tres meses y ya amenaza con sacudir la escena política y judicial local.
CP/MC
