La jueza federal con competencia electoral María Servini ordenó ayer al Ejecutivo que no pague el subsidio extraordinario de 5 mil pesos para desocupados antes de las elecciones generales del próximo 27 de octubre. De acuerdo a su resolución fue con el objetivo de “evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”.
Servini hizo lugar así a la medida cautelar presentada por el Frente de Todos, luego de que se conociera, a través de una publicación en Ambito Financiero, que el Ministerio de Producción y Trabajo, bajo la órbita de Dante Sica, había dictado la resolución por medio de la cual se iba a pagar el subsidio de 5 mil pesos para las personas que carecieran de cualquier otro ingreso, las cuales podrían ascender a más de 114 mil personas.
En su resolución, Servini explicó que el subsidio tenía como fecha máxima de cobro el 8 de noviembre, lo que acarreaba “el posible objeto de ‘condicionar’ a algunos electores, a través de la ayuda social legalmente ordenada, la que se otorgaría a cambio de apoyar al actual gobierno nacional”.
“Esta situación podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años; es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social”, completó.
Para el justicialismo, la medida violaba el artículo 139 del Código Electoral de la Nación que establece una pena de uno a tres años para quien “compeliere a un elector a votar de manera determinada”. Agregaron en su presentación que la decisión no había sido publicada en el Boletín Oficial y “que existen testimonios de intendentes y dirigentes que confirmaron que el beneficio creado fue prometido a los votantes a cambio de apoyar a los ejecutivos que lo conceden y se han remitido planillas con datos personales de los futuros posibles beneficiarios”.
El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello había avalado el miércoles el planteo del Frente de Todos y pidió entonces que el subsidio no se pague porque podía inducir al voto. “El Código Nacional Electoral establecía un plazo de veda en la administración, con el fin de que la estructura pública, integrada en este caso por el Ministerio de la Producción, pueda actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios”, sostuvo.
“No está atado a lo electoral”
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se comprometió ayer a acatar el fallo de la jueza con competencia electoral María Servini que ordenó paralizar el pago de un bono extra de $ 5 mil a beneficiarios del seguro de desempleo.
“Si dice que debemos suspender el pago, lo suspenderemos hasta darle a la Justicia la información disponible”, aseguró el funcionario en una conferencia de prensa que brindó en Mar del Plata, al participar del coloquio de IDEA. Luego de las PASO, el Gobierno anunció el pago de un extra para el universo de desempleados, lo que para la Justicia constituye un pago con fines electorales ante la cercanía de los comicios generales.
No obstante, Sica aclaró que el beneficio “no está atado a lo electoral” y estimó que en caso de que no pueda ser pagado antes del 27 de octubre se concretará antes de que finalice el mes, entre el 28 y el 31 de octubre.
La justificación oficial señala que los $ 5 mil extra constituyen un refuerzo que llega a partir de la aprobación de la ley de emergencia alimentaria que autoriza a redistribuir partidas presupuestarias para afrontar algunas cuestiones con urgencia y, según insistió Sica, se brindará la información a Servini “para que entienda que no es un programa que está atado al tema electoral”.
