El Senado sesionará este jueves desde las 11 para tratar un paquete de iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas el proyecto de Inocencia Fiscal, que el oficialismo busca convertir en ley, la transferencia de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y tres pliegos judiciales. El temario también incluye la reforma de Biocombustibles, aunque hay diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques aliados por el esquema de participación de las pymes de biodiésel.
El temario fue acordado durante una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, luego de que el oficialismo acordara con los bloques aliados para garantizar la sesión. Como parte del acuerdo, La Libertad Avanza aceptó incorporar al debate la reforma de la Ley de Biocombustibles, uno de los principales reclamos de los legisladores de las provincias productoras. Las diferencias se vinculan principalmente con la participación de las pequeñas y medianas empresas no integradas de biodiésel en el mercado.
A esto se suma la ausencia confirmada de dos senadores de La Libertad Avanza. Según fuentes parlamentarias, Juan Carlos Pagotto, quien atraviesa un problema de salud, y Carmen Álvarez Rivero no estarán presentes este jueves. Tampoco asistirá Francisco Paoltroni, ex libertario ahora en bloque propio.
El proyecto Inocencia Fiscal II
La Libertad Avanza buscará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, que ya fue aprobado por Diputados. La sanción incorporó modificaciones sugeridas por los bloques dialoguistas y surgidas de las negociaciones que mantuvo el oficialismo para juntar los votos.
Uno de los principales cambios fue la decisión de excluir de manera total e incondicional a los funcionarios de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen.
La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones posteriormente.
La reforma del Banco Central, para la semana que viene
En cambio, quedó para la próxima semana el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de una iniciativa vinculada al Mercado Voluntario de Carbono. Según la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien informó el temario de la sesión, señaló que la reforma del BCRA se postergó porque “hay una diferencia sobre la elección de los directores”.
Entre los proyectos que sí serán tratados este jueves se encuentra la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno. El objetivo del proyecto es modificar el régimen de fiscalización y facilitar el ingreso al circuito financiero formal de fondos que actualmente permanecen fuera del sistema.
La iniciativa elimina las restricciones patrimoniales para acceder al régimen simplificado de Ganancias y modifica el criterio de “discrepancia significativa”, que determina cuándo ARCA puede impugnar una declaración simplificada. De acuerdo con el proyecto, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Además, el temario incluirá el traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de los delitos penales cometidos por los menores, y de integridad sexual.
Otro punto en el temario es la aprobación de los pliegos para jueces de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania, y Juan Manuel Mejuto.
Biocombustibles: el punto de conflicto
La reforma de la Ley de Biocombustibles prevé elevar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%. Los nuevos porcentajes comenzarían a regir un año después de la sanción de la ley.
El principal punto de discusión está en el lugar que tendrán las pymes no integradas de biodiésel dentro del mercado. Estas empresas reclaman conservar el 7,5% de participación que tienen actualmente, mientras que el proyecto establece una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.
El esquema diferencia entre empresas integradas, que participan en distintos eslabones de la cadena productiva, y firmas no integradas. Cuando el corte obligatorio de biodiésel llegue al 10%, estas últimas tendrían una participación del 6,5% del mercado total.
Según el proyecto, ese porcentaje bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. A partir de 2032, el 7% del mercado podrá ser comercializado entre todas las empresas. Este esquema es rechazado por los bloques aliados que responden a las provincias del centro del país, que reclaman garantizar una participación para las pymes del sector.
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