El testigo Alfonso Severo quedó en la mira, luego de aparecer el jueves por la noche, tras 24 horas de estar secuestrado. En el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra debía aportar información central sobre las patotas, armas y dinero manejados por miembros de la Unión Ferroviaria, gremio de José Pedraza.
Severo puede contarlo porque conoce pormenores de cómo operan los sindicatos ferroviarios y las empresas que estos controlan: fue parte de ellos y ahora, alejado, decidió aportar datos centrales para esclarecer el caso. Fue uno de los testigos que habló de las "cuevas" donde se almacenarían las armas de la patota.
Severo era gerente del Departamento de Respuesta Inmediata y Contingencias de Ferrobaires, una de las empresas operadoras. Sobre sus espaldas caen sospechas de los acusadores en el juicio, del propio Tribunal Oral, y también de abogados de los acusados. Uno de los motivos es por los antecedentes penales en su contra, entre ellos una probation impuesta por amenazar a un dirigente de la Unión Ferroviaria de nombre Héctor "Chuly" Carruega y otras seis personas: Cristian Barreto, Jorge Medina, Ramón Luque, Lautaro Kaupolitan Reyes Sáenz, José Villalba y Pascual Varela. La pena fue establecida por el Tribunal Oral Criminal N° 21, el mismo que juzga a la cúpula de la UF por el crimen de Ferreyra.
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