Las desventuras empresariales de la familia Macri regresan como un boomerang. Quiebras, vaciamiento de las compañías y supuestos fraudes a sus acreedores son algunas de las acusaciones que afrontan el holding presidencial y sus ex ejecutivos, hoy convertidos en funcionarios públicos. La Cámara Comercial comenzó a tramitar en los últimos días un nuevo caso: Transmetro SA, una empresa de residuos del Grupo Macri.
Esta causa tiene un condimento extra: llega a la Sala C de la Cámara Comercial porque el síndico está solicitando a la Justicia que extienda la quiebra a Sideco, la principal empresa del holding de la familia Macri –hoy a cargo de los hermanos del Presidente–, a la que acusa del supuesto vaciamiento.
Así consta en los escritos públicos del expediente, a los que accedió este medio. Si los camaristas habilitan extender la quiebra a Sideco, la empresa de la familia presidencial tendrá un nuevo frente judicial, ya que se abrirá un expediente para investigar a la compañía y establecer si son ciertas las acusaciones en su contra. Sideco ya está siendo investigada por presunto vaciamiento en el caso Correo Argentino SA.
El caso. La Justicia decretó la quiebra de Transmetro en 2013. El litigio sigue abierto en varios frentes: hay una causa penal, otra civil y la comercial. La empresa y su único acreedor se disputan una propiedad de 109 hectáreas adquirida para montar una planta de residuos en La Plata. El proyecto nunca se realizó. El dueño original del terreno, Lamberto Moriconi, pasó de hacer negocios con los Macri a acusarlos de fraude. Sostiene que solo le pagaron el 50% del precio acordado por el terreno, así que llevó el caso a la Justicia. Sideco, que entonces controlaba a Transmetro, sostiene que el inmueble no cumplía con las habilitaciones que necesitaba, y eso hizo caer el negocio, explicaron fuentes del caso.
Según los escritos del síndico de la quiebra, Mario Cabrosi, mientras estaban en litigio por el terreno, Transmetro vendió el inmueble a un precio muy bajo ($ 135 mil) a un hombre que no podría justificar la compra por “insolvente” y que además, lo revendió un año después. El verdadero valor de la propiedad oscilaría entre los US$ 4,1 millones y US$ 5,9 millones. El síndico sostiene que Sideco convirtió a Transmetro en “insolvente” para evitar el pago a su acreedor, según el escrito que presentó en la Cámara.
Tarde pero seguro. Como Transmetro ya no tiene bienes, el síndico busca que recupere ese terreno. Además, sostiene que Sideco “desvió indebidamente” la administración de la compañia hasta llevarla a la quiebra, dispuso de sus bienes y defraudó a su acreedor. Por eso, pidió extender la quiebra de la empresa de residuos a la principal compañía de la familia Macri mientras completa su investigación.
El síndico se presentó ante la Cámara Comercial a fines de abril luego de que el juez de primera instancia, Hernán Papa, fallara a favor de Sideco. El magistrado decidió en julio último que el pedido del síndico para que se extienda la quiebra a Sideco se realizó fuera de tiempo. De hecho, así fue, y el síndico lo admite pero alega que no había podido presentar las pruebas contra Sideco a tiempo debido a que “no estuvieron a su disposición ni los libros sociales ni contables ni pudo acceder a documentación alguna”.
El abogado de Sideco, Jaime Kleidermacher, sostiene otra versión: niega el supuesto ocultamiento de los libros contables, dice que el síndico podría haberlos obtenido por otros medios (la IGJ, por ejemplo) y afirma que Sideco no tiene nada que ver con Transmetro desde hace 16 años, ya que en febrero de 2002 se desvinculó de la empresa.
El síndico defiende otra hipótesis: que Sideco se desprendió en los papeles pero no en los hechos, y que Transmetro siguió estando bajo el control de un ejecutivo del Grupo Macri. Sideco se desentiende de Transmetro en febrero de 2002. Siete meses después, la compañía nombró un nuevo directorio al mando de Angelo Calcaterra (primo de Macri), Néstor Grindetti (actual intendente de Lanús) y Pablo Clusellas (actual secretario legal y técnico de la Presidencia), entre otros. Ese mismo día, el nuevo directorio renunció y asumió otro presidido por Eduardo Javier Flores Maini, ejecutivo del grupo, según estableció el síndico. Dos meses después, Transmetro vendió el terreno en litigio y la compañía se quedó
sin bienes.
