En dos nuevos dictámenes, la fiscal general Gabriela Boquín expuso cómo el Estado –desde el kirchnerismo hasta Cambiemos– protegió a la empresa de la familia Macri, Correo Argentino SA, en detrimento constante a sus propios intereses. También reveló otro supuesto desvío de fondos desde la empresa hacia los bolsillos del grupo Macri.
La funcionaria ya había denunciado en el verano el acuerdo entre la compañía y el Gobierno, al que calificó de “abusivo” y “perjudicial para el Estado”. Esta vez, relató las decisiones “atípicas” y “extraordinarias” que se tomaron para favorecer a la compañía en el concurso de acreedores, incluso por parte de su principal acreedor, el Estado Nacional.
El caso sacó a la luz el principal modelo de conflicto de intereses del presidente Mauricio Macri desde su llegada al poder. La fiscal habló de dilaciones, irregularidades, excepciones y soluciones atípicas que el Estado y la Justicia tomaron con un solo objetivo: favorecer a la compañía. Como consecuencia, las deudas de Correo se iban licuando.
La fiscal también criticó la gestión del kirchnerismo en el caso y aseguró que el proceso se dilató durante 16 años al “margen de la ley” y “aniquilando los créditos adeudados” por Correo a sus acreedores. “Todo estuvo permitido y convalidado, convirtiendo la excepción en norma”, dictaminó. “No ha habido ni un principio de ejecución de pago, ni una propuesta aprobada, ni un salvataje abierto, ni una quiebra decretada”. Pero lo que sí observó Boquín es que a Correo se le permitió retirar fondos que debían estar destinados al pago de sus deudas para darle otros usos llamativos que terminan siempre en el mismo lugar: el bolsillo de los Macri.
A través del pago de alquileres para oficinas y cocheras –que la empresa dice necesitar, aunque sólo cuente con cuatro empleados–, contratos de servicio –como por ejemplo, $ 113 mil mensuales por “gastos contables e informáticos”–, los administradores que la familia nombró en Correo habrían desviado fondos hacia otras empresas del grupo, como Sideco y Socma Americana, como reveló PERFIL.
Boquín criticó otro movimiento sospechoso: Sideco firmó un contrato para que Correo le cediera más de US$ 2 millones para que Sideco comprara acciones de otra compañía.
En 2016, Correo logró una autorización judicial para retirar $ 1,6 millones y US$ 185.213 de sus cuentas congeladas para destinarlos a supuestos gastos de funcionamiento. La fiscal pidió que la empresa devuelva esos fondos al Estado, ya que los considera un “desvío” que debe ser dirigido a los acreedores de la compañía.
En marzo, y tras el escándalo, el Estado pidió que se suspendiera la audiencia de negociación con Correo y que por 120 días no corrieran los plazos de vencimientos en el expediente. Boquín se opuso ayer a esa decisión y la calificó como uno de los privilegios que el Estado y la Cámara Comercial le otorgaron a la compañía. “No existen razones fundadas, ni normativa vigente que habilite suspender el proceso por el término de 120 días como peticionó el Estado Nacional”, aseguró. El Gobierno había solicitado la suspensión argumentando que era necesario esperar un dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN). “Es un ejemplo más del status de excepción del que ha gozado la concursada y al amparo del cual continúa actuando en su exclusivo beneficio”, agregó.
Los abogados que intervienen en el proceso también quedaron expuestos. Como contó este medio hace dos semanas, los letrados que representan a los síndicos generales, encargados de velar por los derechos de los acreedores de Correo, son Julio César Rivera y Beltrán Fernando Louge, socios del estudio Rivera & Asociados, especializados en derecho comercial, civil y societario. Ambos abogados fueron apoderados de empresas de los Macri, entre ella Transmetro SA, otra compañía que quebró. Así consta en la documentación a la que accedió este medio. También representaron al presidente Macri juicio de divorcio.,
