Una sesión en Diputados y otras dos en el Senado. Ese es el resumen de la actividad parlamentaria en los primeros cien días de 2022, un año que por ser no electoral prometía un intenso debate y su consecuente aprobación de leyes. Sin embargo, el letargo se sigue extendiendo y se estima que hasta al menos los primeros días de mayo no habrá sesión en ninguna de las dos cámaras.
Diputados inició el último martes la discusión para sacar una nueva ley de alquileres, en una dinámica que según reconocen en varios sectores, pero que solo la izquierda denuncia en público, se ve influida por el fuerte lobby de parte del sector inmobiliario. “Los grandes propietarios, que son dueños de las tierras ociosas y por especulación llevan los alquileres a precios astronómicos, buscan modificar la ley en favor de sus intereses”, advirtió la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá.
La lista de invitados a la reunión de la Comisión de Legislación General un poco así lo demuestra, ya que cerca de treinta de los 43 expositores llegaron en representación de colegios de corredores, martilleros y de agrupaciones de inmobiliarias de distintos puntos del país. Con menos fuerza hubo participación de asociaciones de inquilinos, cooperativas de vivienda y organismos de defensa del consumidor. Cecilia Moreau, titular de la comisión, se ocupó de aclarar que fueron tenidos en cuenta todos aquellos que solicitaron participar como expositores, pero lo cierto es que el sector de los dueños cuenta con más capacidad de influencia que los inquilinos, precariamente organizados. El martes se retomarán las jornadas de debate que culminarán el miércoles 27 de abril, con la perspectiva de encauzar la veintena de proyectos y llegar a un puñado de dictámenes. En líneas generales, todos buscan modificar el plazo de tres años para los contratos, que resultó un fracaso en la práctica, y la indexación anual, que complicó a ambos lados en un contexto de alta inflación.
A este ritmo, recién para la primera semana de mayo se podría pensar en una sesión para tratar este asunto y cumplir con el plazo de tratamiento de treinta días en la Cámara baja y los noventa días totales que prometió el presidente del cuerpo, Sergio Massa, para llegar a una nueva ley. Los planes podrían volar por los aires si es que el oficialismo decide ceder en el marco de la disputa por la reforma del Consejo de la Magistratura y encarar ciertos cambios para sumar votos opositores. No sería la primera vez que un texto salido del Senado, con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner, tiene que sufrir modificaciones ante una Cámara baja menos homogénea, pero por el momento no hay indicios de un “volantazo” de parte del Frente de Todos.
En el caso del Senado, el próximo martes se retomará la discusión en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, en torno al proyecto del ultra K Oscar Parrilli para crear “un fondo para pagarle al Fondo”, como simplifican ellos mismos la iniciativa para captar fondos de evasores en el exterior y destinarlos al pago de la deuda. La reunión del martes se centrará en el rol de los bancos en la fuga de capitales, y allí fue invitada Magdalena Rúa, quien realizó una investigación sobre el caso del HSBC, que colaboró con el blanqueo de dólares fugados.
Por fuera de estos temas, sigue pendiente una agenda de asuntos económicos en su mayoría impulsados por el Poder Ejecutivo, que no pudo ser tratada en sesiones extraordinarias y que todavía espera su turno. Entre ellos figuran el proyecto de promoción agroindustrial, que el propio ministro Julián Domínguez fue a presentar a Diputados, el fomento a la industria automotriz y a la construcción y la ley de electromovilidad.
