Lunes clave en el Consejo de la Magistratura: pese a la presión K, la Corte intentará destrabarlo

Con el plazo ya vencido para que el Consejo de la Magistratura vuelva a su conformación original de veinte miembros, falta apenas un día para que la Corte Suprema anuncie cómo abordará los obstáculos que el oficialismo le plantea para evitarlo. Si bien reina el silencio institucional, en Talcahuano 550 aseguran que “el lunes se sabrá” y que el Consejo no quedará paralizado. El kirchnerismo, renuente a que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, presida también el Consejo, se prepara para dar batalla e inclusive amenaza con juicio político.

La incertidumbre radica en que, según reza el fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de 2006, los siete miembros que deben incorporarse al consejo actual de 13 miembros deben hacerlo “de manera conjunta y simultánea”. La reticencia de los presidentes de las cámaras legislativas, Cristina Kirchner y Sergio Massa, para designar cada uno a un nuevo consejero genera dudas sobre cómo reaccionará la Corte Suprema para dar cumplimiento a su fallo.

En los pasillos del Consejo de la Magistratura se comenta que esta semana efectivamente vendría la Corte Suprema a tomar juramento a los representantes elegidos por la academia y el Poder Judicial. Otras fuentes cercanas a los despachos del cuarto piso del Palacio de Tribunales aseguraron a PERFIL que “un fallo de la Corte Suprema es cosa juzgada. El resto es humo”.

Por lo pronto, se sabe que esta semana el Congreso no enviará a los consejeros en representación de las cámaras. Una medida cautelar interina –solicitada por el oficialismo– ordenó a Sergio Massa y Cristina Kirchner abstenerse de designarlos por cinco días. Si se espera que los consejeros asuman de manera “simultánea”, esto difícilmente ocurra la próxima semana.

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El malestar del kirchnerismo con el fallo de la Corte Suprema no se detiene ahí. El diputado oficialista Leopoldo Moreau no descarta que el avance de la Corte pueda derivar en un pedido de juicio político contra sus cuatro magistrados. Según dijo a La Nación, “la Corte pretende que el Congreso legisle bajo extorsión: no solo impone plazos para que ambas cámaras sancionen una ley modificatoria del Consejo de la Magistratura, sino que además advirtió que, si no lo hace en tiempo y forma, restituirá una ley derogada en 2006 y que asumirá su presidencia”.

A esto, Moreau agrega que Rosatti tiene una “vocación bonapartista” y busca “asumir el control absoluto del Poder Judicial”, con lo cual concluye que “esto lo hace pasible de un pedido de juicio político. Lo merecería, absolutamente”.

El Consejo maneja igualmente la posibilidad de que, al cumplirse el plazo y no estar listos todos los nuevos integrantes, pueda paralizarse el organismo. Por ello aprobó el pasado jueves, con votos mayormente oficialistas, una resolución que permita que Alberto Lugones, quien fuera presidente al menos hasta el viernes, tome decisiones administrativas que garanticen el funcionamiento del sistema judicial. “No podemos permitir que el Poder Judicial se pare”, afirmó Lugones.

Fuentes cercanas al Máximo Tribunal se mostraron contrarias a esta opinión. “El Consejo está paralizado hace rato. Cinco ternas elevaron en 2021. 1.500 personas para hacer eso”, mencionaron en alusión a la cantidad de funcionarios que tiene el Consejo.

La oposición también descarta que el posible cese de actividades amerite mayores preocupaciones. “La gravedad que le queremos dar a que no se aprueben ternas o se continúe con los concursos no es tan así. Si no, no habría noventa pliegos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo esperando ser tratados. Dos meses más, dos meses menos sin seguir no harán mucha diferencia. El servicio de Justicia se va a seguir realizando, los jueces van a seguir trabajando y cobrando sus sueldos”.