El sistema de atención médica para millones de jubilados y pensionados ingresó en una zona de extrema vulnerabilidad. Es la visión que tienen las entidades más representativas de los prestadores de salud privada con convenio en el PAMI, que emitieron un lapidario trabajo al que tuvo acceso PERFIL. Allí, plasmaron que existe "situación crítica" que pone en jaque la continuidad de las prestaciones básicas en todo el país. Lo que significa un riesgo total en la atención de miles de jubilados.
La combinación de tres factores —una devaluación de los aranceles frente a los costos reales, un importante atraso acumulado y la aplicación de "débitos injustificados" en las liquidaciones— tiene a las clínicas y sanatorios al borde del ahogo financiero y salieron con los tapones de punta contra el oficialismo. Un nuevo dolor de cabeza en medio de complicaciones de carácter interno.
Según explicaron los directivos de las cámaras firmantes, las mesas de diálogo con las autoridades del organismo previsional existieron y en ellas la gestión libertaria reconoció la gravedad del escenario. Sin embargo, la respuesta estatal no fue suficiente para el sector de los ejecutivos frente la escalada inflacionaria del sector: ante un atraso calculado en un 102% en los valores de las prestaciones, el PAMI otorgará apenas un 1,9% de aumento para junio y otro 1,9% para julio de 2026.
Estas actualizaciones, detallaron, son las únicas reconocidas en lo que va del año y su impacto real en las tesorerías de las instituciones recién se sentirá en los meses de agosto y septiembre.
Un impacto directo en las camas de internación
El documento sectorial intenta visibilizar una problemática con alto impacto. Porque, argumentaron, “de persistir este escenario, podrían verse afectadas la continuidad de las prestaciones, la capacidad operativa de los establecimientos de salud y el acceso oportuno a la atención médica", señalaron las entidades.
El conflicto adquiere una dimensión sistémica si se tiene en cuenta la fisonomía del mapa sanitario argentino: más de la mitad de las camas de internación de la Argentina pertenecen a establecimientos privados. Un colapso en la cadena de pagos del PAMI derramaría de forma inmediata en una parálisis de la capacidad de respuesta sanitaria a nivel nacional.
“La salud de millones de jubilados y pensionados requiere soluciones urgentes, previsibles y sostenibles”, subrayaron los prestadores, buscando desgajar el debate de la pura matemática financiera para llevarlo al terreno del impacto social.
Los cuatro puntos del reclamo
A pesar de la gravedad del diagnóstico, el sector privado ratificó su "voluntad de diálogo" pero pidió al mismo tiempo una reforma estructural inmediata en la gestión de la obra social de los pasivos. Para destrabar el conflicto, exigen avanzar sobre cuatro ejes clave. Primero, un “sinceramiento de costos”. Es decir, que se avance hacia un esquema de actualización arancelaria que refleje el costo real de la medicina moderna.
Otro eje: la desburocratización. Apuestan a “un modelo prestacional más simple, transparente y que resulte sostenible en el tiempo”. También, a una “revisión contractual” gracias a la modificación de “los mecanismos de contratación y financiamiento para prácticas médicas y prestaciones específicas”. Por último, mencionaron la necesidad de una “transparencia administrativa” que otorgue “una gestión clara, previsible y fundamentada de los débitos y ajustes que el PAMI aplica a la facturación de las clínicas”.
El comunicado lleva la firma de las principales organizaciones de la salud privada del país: ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados), CAPRESS (Cámara de Entidades de Prestadores de Salud), ACAMI (Asociación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina), FECLIBA (Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires), SALUD FEDERAL y CONFECLISA (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales).
La semana pasada, desde la administración Javier Milei se esforzaron en señalar que hay dificultades pero que se colocó en marcha un reordenamiento. “La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”, expuso el titular del organismo, Esteban Leguízamo.
“El instituto no está en una crisis profunda, no está en un colapso. Está en esta crisis y en este estrés, como yo le llamo financiero, pero en base a eso nosotros estamos ordenando el instituto”, aclaró.
JPK / EM
