El Ente Regulador del Gas (Enargas) advirtió en diciembre de 2006 que el presupuesto para la construcción de nuevos gasoductos registraba un sobreprecio de 486 millones de dólares -un 35 por ciento más de lo presupuestado- pero a pesar de la advertencia del ex titular del ente, Fulvio Madaro,los contratos fueron aprobados por el Gobierno, que ordenó seguir adelante con la obra.
El contrato de concesión de la segunda etapa del Plan Energético Nacional fue firmado entre la brasileña Odebrecht y las mayoristas de energía, Cammesa y Albanesi, por 1.872 millones de dólares, con el visto bueno gubernamental. El Enargas había establecido para esas obras un presupuesto oficial de 1.386 millones de dólares.
En un documento al que Diario Perfil tuvo acceso exclusivo, Madaro, el expulsado presidente del Enargas, admitió el desvío en los precios mediante una nota que envió en mayo último al secretario de Energía, Daniel Cameron, en la que señalaba que los contratos se encontraban "notablemente por encima de los valores detallados precedentemente, tal como puede observarse en los Cuadros I, II y III adjuntos”. .
El contrato de Cammesa contenía un desvío de 349 millones de dólares respecto del presupuesto oficial, mientras que en el caso de Albanesi, la diferencia se acercaba a los 137 millones de dólares.
Según pudo saber Perfil, la nota de Madaro habría sido rechazada por Cameron. Los empleados de la Mesa de Entradas de Energía y del Enargas habrían recibido la orden de borrar el expediente de los registros.
