La Cámara del Crimen dispuso el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la concesión del mobiliario urbano a compañias de empresarios amigos.
La medida fue dispuesta por la Sala VI y alcanza, además de a Macri, al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Picardo, y a los empresarios mendocinos Eduardo Raúl y Orlando Roberto Terranova, padre y tío del corredor de Rally Orly Terranova.
La decisión parece despejar el camino para la concesión definitiva de la explotación del mobiliario urbano, paralizada desde hace más de tres años. El fallo fue firmado por los jueces Mario Filozof y Marcelo Lucini, con la disidencia de Luis María Bunge Campos.
El mobiliario urbano está conformado por los carteles luminosos de las paradas de colectivos y los "chupetes" publicitarios diseminados en toda la ciudad, que representan un negocio superior a los 100 millones de pesos anuales, según cifras de 2008, cuando se inició la causa original.
En ese primer expediente, ante una denuncia de una empresa que había sido excluida de la licitación, la Justicia había determinado que la documentación que habían presentado las ganadoras era apócrifa y concluyó que el proceso de adjudicación estaba seriamente cuestionado desde el punto de vista legal.
Sin que se agotara la causa penal, el gobierno porteño llamó a una nueva licitación, corrigiendo las presuntas irregularidades del primero, en el que resultaron adjudicatarias las mismas empresas que en el procedimiento cuestionado.
Ello motivó el nuevo reclamo de la empresa que volvió a quedar excluida del negocio, pero en esta oportunidad la Justicia consideró que no había existido delito y que la licitación había respetado todos los pasos legales.
Según un fallo firmado este miércoles por los camaristas, la licitación anterior (cuestionada) y la última (declarada válida) fueron parte de un mismo hecho, y en consecuencia si el sobreseimiento a los imputados se había dictado en el último expediente, sus alcances como "cosa juzgada" debían abarcar también al proceso objetado judicialmente.
Cada uno por su voto, los jueces Lucini y Filozof deslizaron que probablemente la decisión deje "la sensación de no encontrar justicia", pero advirtieron que el respeto por las garantías constitucionales, especialmente el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, los obligaba a fallar de esta manera.
"La conclusión puede resultar contraria al avance que había logrado dificultosamente la investigación. Podría aventurar que algunos encontrarán en ella esa amarga sensación de cuando no encontramos Justicia. Pero es la única respuesta que como juzgador puedo dar para garantizar principios constitucionales", escribió el juez Lucini.
"La renovación de la persecución penal fracasada sería someter a los imputados a un nuevo riesgo y lesionaría principios básicos del Estado de Derecho. Justo o injusto el resultado, es función jurisdiccional impedir más de una oportunidad para perseguir criminalmente", completó Filozof.
Además de los funcionarios y los empresarios, el sobreseimiento de la Cámara alcanza también al ex ministro de Desarrollo Económico Francisco Cabrera; los ex integrantes de la comisión evaluadora de la licitación, Tomás Pastalanga y Horacio Daniel Tonelli, y el ex diputado porteño por PRO Patricio Distéfano.