La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en una causa donde fueron investigados por una represión en el Hospital Borda durante una protesta que ocurrió hace cinco años, cuando los tres ejercían cargos como autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.
El hecho ocurrió cuando un grupo de médicos, pacientes y empleados estatales se concentró allí para oponerse a la demolición de un taller protegido del centro asistencial. La Policía Metropolitana ingresó al establecimiento y, ante la resistencia a las obras, respondió con balas de goma y gas pimienta.
Según el fallo al que accedió DyN, el máximo declaró inadmisible el recurso que había elevado la querella para que se evaluara la responsabilidad de los hoy jefes de los gobiernos Nacional, bonaerense y porteño, cuando ocupaban altos cargos en la administración local. La decisión fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Todo ocurrió el 26 de abril de 2013, en las inmediaciones de la avenida Amancio Alcorta y Perdriel de esta ciudad, donde funcionaba el Taller Protegido 19, dependiente del Hospital de Salud Mental "José Tiburcio Borda", y operarios contratados por el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño ingresaron para vallar y demoler un antiguo taller, custodiados por efectivos de la Metropolitana.
La represión contra periodistas y militantes del gremio ATE, que rechazaron la mudanza y la demolición, fue lo que motivó la denuncia.. Tres empleados del Borda fueron procesados por "atentado y resistencia a la autoridad".
En abril de 2015, la Cámara IV en lo Criminal confirmó los sobreseimientos del entonces jefe de Gobierno porteño Macri, su entonces vicejefa, Vidal; Rodríguez Larreta y otros miembros del gabinete de la Ciudad, y el entonces ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, entre otros.
En agosto de 2016 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió ratificar esos sobreseimientos, aunque anuló los que beneficiaban al jefe y al subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Giménez y Enrique Pedace.
