El juez Federal Claudio Bonadío cerró ayer una causa contra Isidoro Bounine, secretario privado de la presidenta Cristina Kirchner. El funcionario, que fue sobreseído, estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito y era uno de los cuatro secretarios presidenciales bajo sospecha.
Bounine, de 31 años, se encarga de llevarle el teléfono a la Presidenta, viaja con ella y maneja su cuenta de Twitter. Conoció a los Kirchner en Santa Cruz en 2000, y trabaja como secretario presidencial desde 2005. Ese año, declaró tener sólo $15.000 en efectivo. Tres años después, su declaración jurada ascendía a $830.254 y una casa prefabricada en Santa Cruz, en un terreno a nombre de su hermano, reveló la revista Noticias. Su sueldo es de sólo $14.282 mensuales.
Bonadío lo sobreseyó basado en un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, que aseguraba que el aumento su fortuna estaba "justificado", informó el diario La Nación. Bounine -defendido por el ex ministro de Seguridad Bonaerense León Arslanián- argumentó que el incremento se debe a que sus gastos siempre fueron bajos. Es soltero, no tiene hijos y como siempre está con la Presidenta, vive arriba de un avión", dijo al matutino una persona cercana al funcionario.
El secretario sostuvo que en 2009, su año de mayores gastos, tuvo ingresos acumulados de $244.283, de los cuales sólo usó $57.687 (unos $4.800 mensuales). La cifra incluye viáticos, una cifra fija que los funcionarios reciben pero que no tienen que ser rendida. El juez también pidió informes al Banco Central sobre las cuentas, cajas y tarjetas de crédito del funcionario, entre otros datos, sobre lo cual no se encontró nada irregular, según La Nación.
La semana pasada, una denuncia anónima impulsó una investigación a cargo de otro juez federal, Norberto Oyarbide, por presuntas irregularidades en el peritaje de la Corte, encabezado por Héctor Roccatagliata, y Jorge Luis Fernández.
El grupo de los cuatro. Bounine es el segundo secretario presidencial investigado y sobreseído por enriquecimiento ilícito. Antes, el mismo juez Bonadío había cerrado una causa contra Daniel Álvarez. Aún siguen bajo sospecha los ex funcionarios Fabián Gutiérrez y Héctor Daniel Muñoz, quien pasó de declarar unos $14.000 a más de un millón.