El ministro de Justicia, Martín Soria, se pronunció ayer sobre el devenir judicial de la causa Correo Argentino, que enfrenta al ex presidente Mauricio Macri y su familia con el Estado nacional, y calificó una resolución de la Cámara Comercial como “Justicia a la carta”. La cámara hizo lugar esta semana a un planteo de la empresa para que la Corte Suprema resuelva si es válido que la Justicia porteña oficie como instancia de apelación ante el caso. Con ello, se prolonga la instancia judicial indefinidamente y el análisis del caso que estaba en proceso queda suspendido.
“Justicia a la carta: la jueza comercial María Uzal, que se reunía con el prófugo Pepín Simón, paralizó la quiebra del Correo de la familia Macri. Ahora la Corte Suprema, diseñada por el mismo prófugo, debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001”, comentó el ministro desde su cuenta de Twitter.
El fallo contó con la disidencia de la jueza Guadalupe Vázquez, quien se pronunció en contra de la suspensión del concurso.
El que la Corte arbitre en el caso deriva de un conflicto de competencias surgido entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Nacional. La empresa de los Macri había recusado a la jueza de primera instancia Marta Cirulli, quien decretó su quiebra, y a la fiscal general Gabriela Boquín, quien frenó el acuerdo entre el gobierno del mismo Macri y el Correo que perdonaba a la empresa casi el 99% de su deuda con el Estado. El planteo fue rechazado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y la firma acudió al tribunal porteño, que se pronunció competente. La Cámara objetó a que la Justicia de la Ciudad revise sus resoluciones y señaló que únicamente la Corte Suprema era competente para recurrir sus sentencias. También se opuso el procurador interino Eduardo Casal.
El conflicto de la causa Correo data de hace más de 20 años. En 1997, el grupo Macri obtuvo de la administración Menem la concesión del Correo Argentino, pero únicamente pagó dos años de las cuotas semestrales que correspondían al Estado. Néstor Kirchner reestatizó esa empresa, que tenía una deuda acumulada de 300 millones de dólares y se encuentra en concurso de acreedores hace 19 años.
