La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la demanda que había presentado el Consejo Interuniversitario Nacional para que el oficialismo cumpla con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Ahora la causa pasará a la Corte Suprema de Justicia. Una vez que los ministros del máximo tribunal tengan en sus manos el expediente, tendrán que resolver si analizan el recurso o lo rechazan. La medida judicial llegó pocas horas antes de la cuarta marcha federal universitaria, que se realizará el lunes en diversos puntos de todo el país.
El fallo lo dictó la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández. La decisión judicial implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta que la Corte Suprema se expida de manera definitiva. Mientras se defina este trámite, la decisión de los magistrados tiene carácter suspensivo, por lo que el Estado Nacional no está obligado a transferir los fondos que reclaman el Consejo.
En su conferencia de prensa de ayer, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló que afirmó que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto universitario. Dijo que la ley “nació suspendida” porque no especificaba su fuente de financiamiento y aseguró que las partidas para gastos de funcionamiento y personal se transfieren “mensualmente y están al día”. Ese es el principal argumento del gobierno: que la ley no prevé de dónde saldrán los fondos para financiarla y que de ese modo viola las reglas de administración financiera. Finalmente, sobre el Presupuesto 2026, Adorni indicó que contempla una partida de 4,8 billones de pesos para las universidades, una cifra que, según el oficialismo, representa un “crecimiento real de los fondos”.
En ese sentido se manifestó también el Ministerio de Capital Humano. “El gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de aprender y enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de las cuentas públicas”, informó el área a cargo de Sandra Pettovello. Como contrapartida, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, dijo: “Estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia constitucional: la búsqueda desesperada de un Gobierno de emplear todos los medios a su alcance para no cumplir una ley”.
La Ley de Financiamiento Universitario establece un nuevo régimen para actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición de los salarios de docentes y no docentes de acuerdo a la inflación. Se sancionó en septiembre de 2024. Milei la vetó al mes siguiente, con el argumento de que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Un año después, en octubre de 2025, el Congreso la ratificó en Diputados y luego en el Senado. En febrero último, el oficialismo envió al Congreso un proyecto de reforma, rechazado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) porque considera que profundiza el ajuste. Y el 17 de abril la Procuración del Tesoro presentó el recurso ante la Corte.
La resolución de la Cámara llega en la previa de la nueva Marcha Federal Universitaria, la cuarta, que está prevista para el lunes. En la ciudad de Buenos Aires, se concentrará a las 17 en Plaza de Mayo, pero habrá movilizaciones simultáneas en distintas ciudades de todo el país. Convocan el CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
