Con una sólida mayoría de 46 votos a favor contra 18 de la oposición y una abstención (de Pablo Verani) , el kirchnerismo convirtió en ley el proyecto que termina con la jubilación privada en la Argentina. El sistema de capitalización, uno de los últimos vestigios de la administración menemista, fue eliminado luego de 14 años de tormentosa vigencia. Comisiones altas y bajos rendimientos de las inversiones de las AFJP terminaron dando al oficialismo la justificación para apoderarse de casi 100 mil millones de pesos, ahorrados por millones de trabajadores desde la puesta en marcha del sistema, en 1994.
Para el oficialismo, el tema representa "la salvación de los ahorros de los trabajadores", para la oposición, "el Gobierno sólo ensaya un manotazo sobre el dinero de las AFJP porque tiene problemas de financiamiento que pueden ser asfixiantes en 2009, año electoral además".
En varios artículos vinculados con la administración de fondos de la ANSES y la devolución del 15 por ciento de los fondos que aportan las provincias, las diferencias se achicaron 42 a 20 sufragios.
La discusión, que ya se adelantaba ventajosa para el oficialismo desde hace varias jornadas, se inició a las 11,15, se extendió sin interrupciones por doce horas y contó en su etapa final con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada y del titular de la ANSES, Amado Boudou.
El kirchnerismo contó con el apoyo del bloque del ARI fueguino y el voto individual de partidos provinciales, mientras la oposición se centró en el radicalismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica, los republicanos de Tucumán, el frente Cívico de Catamarca y otras adhesiones personales.
El jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, cerró el debate con una entusiasta defensa de la acción del gobierno nacional y criticó expresiones de la oposición, en particular el radicalismo al sostener que "la UCR, como siempre, perdió la oportunidad de mantener una posición de coherencia histórica, por querer sostener una política negativa y destructiva".
Lamentó que en el debate no se hubiera mencionado al ministro de Economía, Domingo Cavallo, responsable de la privatización previsional y rechazó el calificado de "proyecto precario" que usó el radical Gerardo Morales, y lo cuestionó por "hablar desde el lugar de la depredación y de la destrucción y de considerar que todo lo que hace el gobierno".
A su vez, Morales afirmó que "es unánime en el Senado que el sistema de capitalización no sirvió para nada en los 14 años que tuvo vigencia", pero advirtió que es necesario "estudios en serio" para mejorar el sistema jubilatorio y criticó el sistema de control y la falta de distribución de fondos a las provincias. "El proyecto oficial es precario, se afecta el derecho de propiedad y tiene que ver con que el estado puede enfrentar un eventual default de la deuda pública", señaló el radical.
José Pampuro, presidiendo la sesión porque Julio Cobos está a cargo del Ejecutivo, mostró el interés conque escuchaba el oficialismo los argumentos del radical, cuando sin vueltas le dijo: "Senador, ya ha hablado demasiado, a ver si la termina de una buena vez...".
La titular del bloque de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, dijo que la propuesta oficial "no cumple con ninguna de las dos condiciones básicas de todo el sistema jubilatorio, que son la previsibilidad y la sustentabilidad". "Lo único que tiene previsible es que le garantiza a los jubilados y pensionados vivir en la pobreza", afirmó y luego agregó que "los sistemas únicos de reparto no son viables porque las sociedades han envejecido y ya no cuentan con la suficiente cantidad de trabajadores jóvenes en actividad, por jubilados".
A su vez, el socialista Rubén Giustiniani dijo que "la ley tiene una implicancia social como pocas en los últimos tiempos, que va a beneficiar a millones de trabajadores y futuros jubilados" y que para los socialistas es simplemente volver a la Constitución Nacional, la vuelta al sistema de reparto. "Vamos a acompañar en general y plantear reparos serios en particular, pero no hay nada que festejar porque estamos volviendo al '93 pero con mayor desocupación, más pobreza y más indigencia" y adelantó el rechazo a varios artículos que se refieren al control de los fondos.
Al inicio de la sesión compartieron el tiempo para exponer la posición del oficialismo los senadores Fabián Ríos, quien preside la comisión de Presupuesto, y el tucumano Julio Miranda, que justificó el fin de las AFJP indicando que "en 14 años de vigencia no se ha logrado cumplir lo que era el anhelo en el cambio del sistema" y luego reconoció que fue "un error" el apoyo que en 1994 dio al proyecto de privatización del sistema previsional.
En cambio, para el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, no se estaba "discutiendo una reforma previsional" porque estimó que la eliminación del régimen privado de jubilaciones responde a "un problema fiscal" del Gobierno y remarcó que la captación de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización por parte de la ANSES constituye una "situación de confiscación" que tiene como eje "del derecho de los aportantes al sistema de capitalización".
El salteño Juan Carlos Romero adelantó su voto negativo y calificó la propuesta oficial como "un paso atrás", reclamó el 15 por ciento de los aportes que la Nación toma de las provincias para destinarlo al pago de las jubilaciones. "Es falso que se favorezca a los jubilados y no estamos haciendo ningún salvataje", opinó y luego recordó una frase del ex presidente Juan Domingo Perón quien en 1973 dijo que el sistema estatal "no suele ser eficientes y siempre malcumplen" su función.
La norma aprobada establece la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional Público, que pasará a llamarse Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto y elimina el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto.
Expresa además que el Estado asegura a los afiliados y beneficiarios del sistema de nuevo sistema el ingreso de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan y establece que todos los recursos podrán ser utilizados únicamente para el pago de los beneficios del SIPA y queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior.
Fuente: DYN