El oficialismo avanza a paso firme en Diputados en el proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, un asunto que considera estratégico en el armado ideológico electoral hacia las presidenciales de octubre.
En ese contexto, está volcando buena parte de sus energías parlamentarias en dar la mayor visibilidad posible al asunto, mientras la oposición marca fuerte su rechazo a que se mantenga como tema único de interés en el Congreso.
Además de la postura en contra que viene manteniendo Juntos por el Cambio, en las últimas horas se conoció también el descontento del interbloque Federal, que quiere tomar distancia del conflicto. “Habrá que evaluar si tiene sentido seguir estando en todas las reuniones de esa comisión”, advirtió el diputado bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez. Una de las molestias tiene que ver con que desestimaron su pedido para que sea citado el presidente Alberto Fernández como testigo.
La otra causa es que tampoco se aceptó la sugerencia de convocar a un cuarto intermedio para leer el informe de admisibilidad que determinó el inicio del proceso contra los cuatro magistrados.
Desde Juntos por el Cambio, la radical Karina Banfi también alertó sobre irregularidades en las medidas de prueba que fueron presentadas, como conversaciones privadas entre personas que no son directamente las acusadas en el juicio político. “Se está consagrando el circo político que es el juicio político contra la Corte Suprema, pero con agravantes porque el kirchnerismo ha decidido violar la ley para avanzar”, cuestionó la referente bonaerense.
Los próximos pasos. Para la reunión de comisión prevista para el jueves 23 el diputado Rodolfo Tailhade propuso al juez Sebastián Ramos, apuntado por cerrar la causa por los polémicos chats entre funcionarios y magistrados, a Alejo Ramos Padilla, y el fiscal federal de la Ciudad Juan Bautista Mahiques. En el listado también figuran funcionarios judiciales, integrantes de la vocalía de Horacio Rosatti y de las secretarías judiciales de la Corte Suprema.
