La Corte Suprema de Justicia se metió hoy por primera vez en la puja por las retenciones, al aceptar un planteo de la provincia de San Luis contra el Estado Nacional, en una demanda que incluye la objeción a esa polémica medida pero también contiene un reclamo para que se declaren inconstitucionales todos los derechos de exportación impuestos desde 2002 y las leyes de emergencia económica.
El planteo de la provincia puntana, un caso testigo que excede la problemática inicial del agro, se convirtió en otro punto a debatir judicialmente por parte del Gobierno Nacional, que ya estaba trabajando en la apelación al fallo de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de las últimas medidas del ex ministro de Economía Martín Lousteau.
El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, advirtió que la presidenta Cristina Kirchner "le puso punto final" a las polémicas medidas con su discurso en el que detalló el destino de ese dinero a recaudar. Y, al defender la legitimidad de las resoluciones dictadas en marzo, Fernández aclaró que, tras el fallo adverso de la jueza Liliana Heiland, el caso será llevado a Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que defina la validez constitucional de esas medidas impositivas.
Ahora, la provincia de San Luis -gobernada por el antikirchnerista Alberto Rodríguez Saá- logró el aval de la Corte para comenzar a analizar con el Gobierno las retenciones móviles en los próximos 60 días. El 25 de abril, San Luis solicitó que se declare la inconstitucionalidad de todos los Derechos de Exportación (DE) que hayan sido establecidos por el Estado Nacional a partir del 1 de enero de 2002, así como también de las leyes de prórroga de la emergencia económica.
También se pidió se condene al Estado nacional a pagar a esa provincia por la pérdida sufrida en los ingresos por coparticipación tributaria causada "por la inconstitucional conducta del Estado Nacional al fijar los derechos de exportación cuestionados", según la denuncia.
"Se demanda así, la diferencia entre lo realmente percibido en materia de coparticipación tributaria y lo que se hubiese debido percibir de no mediar aquellos derechos de exportación inconstitucionales", indicaba la presentación judicial. San Luis advirtió que el mecanismo de las retenciones "tiene por efecto congelar, a futuro, los ingresos de los productores agropecuarios y exportadores, transfiriendo al Estado la mayor renta que pudieran obtener con motivo de las eventuales subas en la cotización internacional de esos granos".
Para San Luis "el uso abusivo de recursos impositivos provoca efectos absolutamente distorsivos de la economía y de la política nacional: desalientan a los sectores productivos más dinámicos del país, empobrecen a las provincias, debilitan el federalismo, imponen el unitarismo fiscal, favorecen la utilización arbitraria de ingentes recursos por parte de las autoridades nacionales, incentivando el 'clientelismo' político, el condicionamiento de las autoridades provinciales, su sujeción al poder central, la corrupción del régimen representativo democrático". Ahora, el Alto Tribunal emplazó al Gobierno a contestar la presentación en dos meses como máximo.
La Corte "aceptó su competencia originaria" en la demanda presentada por Rodríguez Saá y le corrió traslado al Gobierno nacional "para que comparezca al juicio y dé su contestación en el plazo de 60 días", se indicó oficialmente en Tribunales.
Fuente: DyN
Trascendente decisión de la Corte Suprema: aceptó analizar una demanda contra las retenciones
Es la de San Luis, que sostiene que las retenciones móviles afectan la coparticipación. El Gobierno tiene 60 días para responder.
