Otra baja para el gobierno libertario. Ahora es el turno del director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo, Claudio Aquino, de quien todavía no se conoce sucesor. El funcionario formaba parte de una dependencia estratégica (y clave) relacionada con el sindicalismo y los empresarios. Y es que, en su rol, dirige la resolución de conflictos de encuadramiento, inspecciones a sindicatos y el otorgamiento de personerías o la inscripción a organizaciones gremiales que todavía no existan.
Según indicaron desde el Ministerio de Capital Humano, Aquino no renunció, ya que “tenía una designación transitoria”. También expresaron: “Desde el Ministerio se están analizando las eficiencias de todos los cargos, en el marco de una transformación estructural y de gestión de expedientes”.
A pesar de las especulaciones, desde la cartera señalaron que el ahora ex funcionario no será reemplazado por el subdirector de Asociaciones Sindicales, Darío Silvestro, motivo por el cual se mantiene en suspenso quién ocupará su cargo de momento.
Según personal gremial de la CGT, Aquino era acusado de “falta de transparencia en su gestión”. Esta versión contrasta con el hecho de que la Dirección de Asociaciones Sindicales había sido intervenida en abril de 2024 por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Esta decisión, que había respondido al Gobierno, buscaba dejar expuestas aquellas áreas del Estado que estuvieran sospechadas de llevar a cabo cuestiones fuera de lo común o que no se mantuvieran en regla.
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Un área complicada
La Dirección de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo siempre fue un sector sensible, atravesado por sospechas sobre la legalidad de sus decisiones y el manejo discrecional de expedientes que afectan directamente la vida jurídica y económica de los gremios. Por eso, tras asumir, el Ministerio de Capital Humano intervino esa dirección y envió un equipo legal para revisar “carpeta por carpeta” y auditar dictámenes “opinables”, con el objetivo de transparentar una repartición históricamente opaca.
En ese marco, desde la Secretaría aclararon que no hubo una denuncia puntual ni una irregularidad comprobada que motivara la intervención, sino una medida preventiva en un área “manejada a dedo”. El abogado Claudio Aquino, designado por esta gestión en enero y señalado como uno de los impulsores de los cambios, fue respaldado en ese momento por la cartera laboral. Incluso se adelantó que continuaría en funciones para colaborar con una “reconversión metodológica”.
Pero el clima cambió en febrero, cuando el líder de la UATRE, José Voytenco, presentó una denuncia penal contra Aquino, el secretario de Trabajo Julio Cordero y el diputado libertario Pablo Ansaloni. Los acusó de intentar intervenir su sindicato en connivencia con sectores internos opositores, vulnerando, según él, la autonomía gremial. En el centro del conflicto quedó una decisión de Aquino, quien firmó un dictamen que anuló el congreso que había reelegido a Voytenco, al considerar que no se acreditó la legalidad de los congresales.
A partir de ese dictamen, la Secretaría de Trabajo pidió judicialmente la intervención del gremio, pero la Sala VI de la Cámara del Trabajo rechazó esa solicitud. El caso dejó a Voytenco políticamente debilitado, mientras el Gobierno lo ubica dentro de un sector sindical opositor alineado con el kirchnerismo. En ese contexto de internas gremiales, tensiones políticas y decisiones administrativas cuestionadas, la salida de Aquino vuelve a poner el foco sobre una de las áreas más sensibles del Ministerio.
TC/EM
