El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, comenzará a ser discutido formalmente en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 30 de septiembre, en medio de fuertes cuestionamientos de distintos sectores de la oposición por el alcance de la iniciativa.
El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 12 y forma parte de un cronograma de trabajo que, de acuerdo con lo previsto, culminaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes. Las tres comisiones están presididas por legisladores de La Libertad Avanza: Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán.
La iniciativa había sido enviada al Congreso el 17 de septiembre, luego de que Milei anunciara durante una cadena nacional su intención de avanzar con un nuevo marco legal relacionado con la defensa de la soberanía argentina y el reclamo por las Islas Malvinas.
El proyecto cuenta con 133 artículos y no se limita exclusivamente a establecer nuevas sanciones para empresas que desarrollen actividades económicas en los territorios y espacios marítimos reclamados por la Argentina. También plantea modificaciones sobre la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, el Código Penal y el régimen de financiamiento de los partidos políticos.
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Uno de los ejes de la iniciativa está relacionado con las actividades económicas desarrolladas en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes.
El proyecto propone reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011, y ampliar considerablemente las conductas alcanzadas por las sanciones. Mientras la normativa actual está enfocada principalmente en la exploración y explotación de hidrocarburos, el nuevo esquema contempla cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
Entre las medidas previstas aparecen penas de hasta 20 años de prisión para determinadas conductas vinculadas con la explotación o cooperación en la explotación de esos recursos, además de la posibilidad de inhabilitar a empresas para operar en territorio argentino.
También se contempla la creación de un registro público de infractores, que impediría al Estado y a particulares contratar con las personas o empresas incorporadas. A su vez, el proyecto incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos incluidos dentro del nuevo régimen.
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El Consejo de Seguridad Nacional, uno de los puntos más discutidos
El organismo estaría integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Según el proyecto, el Consejo tendría como objetivo coordinar las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en cuestiones vinculadas con la protección de infraestructuras consideradas críticas.
La iniciativa también contempla que, frente a una amenaza considerada grave e inminente, puedan adoptarse medidas como restricciones a determinadas operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones y limitaciones sobre importaciones y exportaciones.
Otro de los puntos incluidos es la posibilidad de disponer, como último recurso y bajo un protocolo específico, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.
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Por qué la oposición habla de un “caballo de Troya”
El diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi sostuvo que el proyecto incorpora modificaciones sobre seguridad, defensa, inteligencia y participación de extranjeros en procesos electorales. En ese marco, afirmó que “Malvinas no puede ser el caballo de Troya para cambiar todo el sistema de seguridad, defensa e inteligencia”.
También cuestionó el alcance del nuevo Consejo de Seguridad Nacional y las disposiciones relacionadas con el RePET y los delitos vinculados con la influencia extranjera.
En tanto, el diputado de Unión por la Patria Santiago Cafiero cuestionó que en una misma iniciativa se combinen las sanciones vinculadas con las actividades económicas en Malvinas con una reforma del sistema de Defensa y Seguridad y modificaciones penales. Según su interpretación, la amplitud del proyecto dificulta su tratamiento parlamentario y requiere analizar múltiples áreas de la legislación.
Desde otros sectores opositores también se puso el foco sobre la derogación de la legislación vigente y sus posibles efectos sobre empresas que ya fueron sancionadas por actividades relacionadas con las islas.
CS
