El juez federal Norberto Oyarbide quedó complicado en una denuncia por un supuesto pedido de coima, que ahora deberá investigar su par Luis Rodríguez.
El viernes, el financista Guillermo Greppi y su abogado se presentaron en su juzgado. El empresario es titular de una cooperativa de crédito que había sido allanada por orden del juez.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El financista y su abogado, quien había estado presente durante el allanamiento a la financiera, pidieron declarar ante el juez de manera sorpresiva. Nadie en el juzgado se imaginaba lo que iban a decir.
Según el relato al que accedió Perfil.com, ambos afirmaron que durante el allanamiento ordenado por Oyarbide, el subcomisario a cargo del operativo -que integraría un equipo de trabajo permanente con el juez- y su superior desplegaron un modus operandi agresivo, llegaron a derribar una puerta, y pidieron todos los cheques y computadoras de la financiera para que sean secuestradas. También habrían amenazado con arrestarlos.
En medio del procedimiento, el subcomisario de la División Investigación Federal de Criminalidad Financiera (Difoc) habría pedido altas sumas de dinero en efectivo en nombre de Oyarbide y su mano derecha en el juzgado, Carlos Leiva. Así consta en el expediente que ahora lleva adelante el juez Rodríguez.
Según fuentes de la agencia DyN, le habrían pedido un soborno de 2.500.000 pesos.
La supuesta coima tenía como fin frenar el allanamiento y la investigación en el juzgado, aclararon los denunciantes. El abogado del financista se negó a pagar varias veces. Los policías iban y venían manteniendo conversaciones por radio.
Fue entonces cuando los miembros de la división policial se convencieron de que no lograrían un acuerdo. Antes de irse, advirtieron: "Esto se arregla sólo en el juzgado, no intenten llamar a ninguna autoridad política o de la policía". Se retiraron. Dejaron sin efecto el allanamiento y no habrían secuestrado nada de lo que debían llevarse por orden judicial.
La causa, en la que se investigan supuestos manejos financieros o posible lavado de dinero, estaba a cargo de la secretaria numero 9 del juzgado de Oyarbide.
Ante la denuncia en su contra, el juez Oyarbide hizo una maniobra maestra. Envío la denuncia a sus jefes de la Cámara Federal, para que sorteen qué juez debía investigar la denuncia. Y ese mismo viernes, despidió a una funcionaria de su juzgado, mano derecha de su secretario, Leiva.
Sin embargo, fuentes judiciales que analizaron los testimonios aseguran que el juez será investigado y que quedó sumamente complicado.
