Con algo de retraso, se oficializó ayer la designación del abogado kirchnerista Julio Vitobello, hasta ahora titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como el flamante director de la Oficina Anticorrupción (OA).
La designación de un nuevo hombre K –un fiel albertista, de los que ya no quedan tantos en el gobierno- se produjo luego de que la propia administración nacional, por medio del procurador general de la Nación, Esteban Righi, recortara las facultades del ente anticorrupción y limitara el poder del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido.
El nombramiento de un hombre cercano al ex jefe de Gabinete podría significar, además, un guiño político. Es que, con la mente puesta en las elecciones de 2009, el ex presidente, que hace pocos días mantuvo una reunión con su ex funcionario, estaría dispuesto a olvidar algunos rencores para llegar lo más cómodo posible en octubre al Congreso.
Bache. Vitobello, que debió renunciar a la titularidad de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), terminará así con el bache que se produjo cuando el organismo quedó acéfalo tras la muerte de su último titular, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, a principios de diciembre de 2008.
La designación formal se realizó por medio del decreto 39, que convirtió a Vitobello en Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción, un espacio que depende institucionalmente del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humando de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández. Su puesto anterior fue asignado a Carlos Pacios, quien cumplía el rol de Síndico General Adjunto.
El nuevo director de la OA es abogado, se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, cargo desde el cual pasó a la SIGEN. También fue diputado de la Legislatura porteña por el PJ entre 2000 y 2003. Y entre los años 1993 y 1997 ocupó el cargo de jefe de Gabinete de la Secretaría de Interior.
Según la ley, el objetivo de la OA es "velar por la prevención e investigación" de hechos de corrupción. Su ámbito de actuación la "Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal". Asimismo, la OA tiene competencia puede elevar las denuncias ante la Justicia cuando considere que hay hechos que pueden constituir delito.
