A través de una medida cautelar, el juez en lo Contencioso Administrativo federal, Enrique Lavié Pico, ratificó la suspensión de las nuevas cámaras de Casación, -aprobadas por el Congreso en la fallida reforma judicial K- con conjueces, jueces subrogantes o surgidos de procesos “abreviados”.
La sentencia significa así el bloqueo a la conformaciónde las cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, del Trabajo y la Seguridad Social y en lo Civil y Comercial que el Gobierno pretende crear para "acelerar los procesos judiciales", aunque juristas y opositores denunciaron lo contrario: que harán más largos los juicios.
La cautelar de Lavié Pico -de 43 años- se mantendrá vigente hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso iniciado por Colegio de Abogados de la Capital Federal (CPACF), según informó el Centro de Información Judicial. El CPACF ya había tumbado la reforma del Consejo de la Magistratura, luego que la Corte Suprema fallara la inconstitucionalidad de sus artículos clave.
En este caso, el consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi reclamó que “se ordene al Poder Ejecutivo nacional que se abstenga de proceder a la integración de las Cámaras de Casación, según el procedimiento abreviado o mediante jueces subrogantes o conjueces, hasta tanto se dilucide la presente demanda por inconstitucionalidad”
El representante de los abogados porteños en la Magistratura había indicado que “además de la inconstitucionalidad en sí de la cobertura con subrogantes, la decisión del juez Lavié Pico establece con claridad que la saturación de juicios ocurre en primera instancia y no tanto en la etapa de apelación, por lo que no existe urgencia alguna que justifique la medida”.
De hecho, Lavié Picó citó en su sentencia datos de la Corte Suprema que indican que la acumulación de expedientes judiciales se produce en los juzgados de primera instancia y no en la Cámaras o corte provinciales.
Un juez en contra. Lavié Pico es un juez ya conocido para la Casa Rosada: en junio falló contra la reforma al Consejo de la Magistratura y el límite a las cautelares contra el Estado que formaron parte de la reforma judicial para "democratizar la Justicia".
En marzo de 2010, el juez de 43 años aceptó una cautelar que suspendió un DNU presidencial sobre el uso de reservas. Tras ese fallo, el oficialismo en el Congreso lo presionó y lo amenazó con llevarlo a juicio político en el Consejo de la Magistratura. Nada de eso ocurrió.
