El monasterio donde fue encontrado José López, con un fusil y nueve millones de dólares, nació en 1992 como una asociación civil por iniciativa de un grupo de mujeres –en su mayoría uruguayas– cercanas al entonces obispo de Avellaneda, Rubén Di Monte. A pesar que declaró un patrimonio de 300 pesos en 1993, la asociación compró ese mismo año el terreno de una manzana y media en General Rodríguez.
La primera acta de la Asociación Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de Fátima data del 28 de abril de 1992. Pero en diciembre de 1993 fue modificada para indicar que “el patrimonio de la asociación estará constituido por la suma de pesos 300, que los socios aportan en efectivo y por partes iguales, o sea pesos 30 cada uno, y por los bienes muebles e inmuebles que la asociación adquiera en el futuro”. Unos meses antes, en abril, un representante de la asociación firmaba el boleto de compraventa del predio en General Rodríguez, por 100 mil dólares.
En diciembre de 1999, la asociación fue reconocida como una institución de la Iglesia por parte del Gobierno, algo que le permitió desarrollarse con menos controles. Tres días antes que asumiera Fernando De la Rúa, la resolución 229/1999 del 7 de diciembre de la Secretaría de Culto aprobó su inscripción como “Instituto de Vida Consagrada”.
La fecha es importante, porque el Arzobispado de Mercedes-Luján, donde se encontraba el monasterio y donde recaló Di Monte en 2000, había estado envuelto en polémicas por los millonarios aportes que recibió del gobierno de Carlos Menem. El proceso fue respaldado por el propio Di Monte y quien dirigía entonces el Arzobispado Mercedes-Luján, Emilio Ogñenovich, un hombre que nunca ocultó su cercanía a Menem.
Hasta ese momento, la entidad había sido controlada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que impone condiciones más rigurosas de fiscalización. En el expediente de la asociación que se encuentra en la Secretaría de Culto, no constan balances ni otros documentos que acrediten el origen de sus fondos. Sí hay certificaciones para los órganos de control fiscal, que le permitieron las exenciones impositivas que habilita la ley para instituciones dependientes de la Iglesia.
Bajo el control de la Secretaría de Culto, la asociación ordenó su patrimonio y pidió que sea dada de baja la sociedad de bien público que había constituido ante la IGJ. También quedó inscripta como “Monasterio de Nuestra Señora de Fátima del Rosario”. En ese momento se estableció que el patrimonio consistía en tres propiedades, una de ellas el monasterio, y dos vehículos.
Uno de los rodados era el Fatimóvil, una camioneta Mercedes que utilizaba el obispo Di Monte para llevar por la provincia la figura de la Virgen de Fátima. Más tarde, el “Fatimóvil” fue reemplazado por una nueva camioneta, con un sistema para subir y bajar la estatua de la Virgen, que fue donada por la gobernación de Daniel Scioli en 2011. Esta, como todas las contribuciones que recibió la entidad, dependiente de la Iglesia Católica y reconocida por el Estado, no figuran en el expediente.
