Un retroceso en la lucha contra la corrupción

Mientras se proclama en público la lucha contra la corrupción y se la usa como bandera política, el Congreso silenciosamente disparó al corazón del único proyecto que
efectivamente amenazaba la fibra más sensible de corruptos y narcotraficantes: el dinero.

El año pasado, la Cámara de Diputados había aprobado una iniciativa que permitía recuperar rápidamente los bienes de los acusados de corrupción o narcotráfico sin esperar una sentencia. El mecanismo era sencillo: se le quitaban a los sospechosos los objetos y las propiedades mientras avanzaba el proceso penal, y un organismo autónomo se encargaba de destinarlos a mejores usos.

Narcos y corruptos suelen compartir la misma facilidad para conseguir abogados expertos en dilatar juicios, volverlos eternos, recurrir a vericuetos procesales para extenderlos en el tiempo.

El principal acierto del proyecto aprobado en Diputados era separar el proceso penal contra los acusados de la posibilidad del Estado de recuperar los bienes. Al dejar la posibilidad de confiscar los bienes a un juez civil, ya no sería necesario esperar que avanzaran los engorrosos procesos penales para recuperarlos. Una mala noticia para corruptos y narcotraficantes.
Pero ahora el Senado de la Nación les devolvió tranquilidad. El senador Miguel Angel Pichetto, titular del bloque peronista, ya avisó a sus colegas de la Cámara de Diputados que modificarían el proyecto para que los bienes sólo puedan ser confiscados cuando el acusado fuera procesado en el ámbito penal.

El argumento para impulsar las modificaciones es que la iniciativa original afectaba el derecho a la propiedad y, por lo tanto, quedaba al borde de ser considerado inconstitucional.
Sin embargo, si los cambios que sigilosamente instrumentaron los senadores se concretan, la recuperación de los bienes volvería a quedar atada a la interminable extensión de los procesos penales, y una vez más los acusados conservarían sus propiedades mientras logren demorar los juicios.

Los cambios todavía deben ser aceptados por la Cámara de Diputados. Sin acuerdo, el proyecto corre el riesgo de quedar en vía muerta.

Significaría entonces la muerte súbita de una iniciativa positiva que buscaba superar  el universo declamativo para avanzar hacia la dimensión práctica. De lo contrario, la lucha contra la corrupción corre el riesgo de mantenerse arrinconada en el discurso. Un riesgo excesivamente tangible en la Argentina.