El desalojo de las 60 hectáreas de la localidad de Libertad, en Merlo, fue considerado un éxito. Sin heridos, el predio ocupado por unas 2.000 familias desde octubre, fue despejado el jueves con el apoyo de más de 1.200 policías. Sin embargo, el asesinato de Oscarcito, el nene de ocho años muerto a balazos el sábado 13 de febrero sigue impune, aunque obligó a las autoridades judiciales, policiales y políticas a reaccionar. Es que luego de una serie de maniobras dilatorias, los vecinos de la toma y los ocupantes de la misma, habían quedado indefensos ante una violenta avanzada narco en la zona. Ahora, el municipio prometió resolver las situaciones más acuciantes. La orden fue firmada el lunes por el juez de Garantías de Morón Alfredo Meade. La medida se hacía esperar desde por lo menos el 4 de enero, cuando el fiscal de la UFI 2, Fernando Capello, comenzó a documentar que no podía resolver el conflicto ante falta de personal policial, ya que el grueso de los agentes estaba destinado al Operativo Sol en la costa. El miércoles, a pedido de la Asociación Madre Tierra, que se encarga de realizar proyectos de urbanización, el juez firmó una resolución que suspendía por 180 días la desocupación del predio situado sobre la Ruta 1003. Esta ONG contaba con el apoyo del obispado de Merlo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos de Derechos Humanos. La idea era encontrar una alternativa pacífica ante el temor de que las fuerzas de seguridad no fueran bienvenidas. PERFIL pudo saber que la contraorden no cayó bien ni en la fiscalía, ni en el municipio, ni en los altos mandos de la Bonaerense que ya habían organizado el megaoperativo. Según confiaron las fuentes, el coordinador de la fuerza en Merlo, el comisario Hugo Santillán, logró convencer al juez de que la situación podía tornarse más violenta si no se llevaba adelante la expulsión de las familias. “Iba a estallar una guerra de pobres contra pobres. Después del crimen del nene los vecinos de Libertad estaban decididos a sacar a los ocupas”, continuaron los voceros. En las últimas horas del miércoles, Meade volvió sobre sus pasos y le concedió al fiscal Capello una “dispensa judicial” para concretar el desalojo en caso de considerar que la paz social pudiera quedar en jaque.
El desalojo. Cerca de las 5 del jueves, las topadoras de la municipalidad y los 1.200 efectivos de infantería comenzaron a “peinar” el predio. Primero, se les permitió a los ocupantes sacar sus pertenencias y luego se procedía a desmantelar las improvisadas casas construidas con madera, chapa, cartón y plásticos. Antes de abandonar el lugar, los ocupas quemaban lo que quedaba. Los hilos de humo negro podían verse a varios kilómetros de distancia. Por la mañana, el desalojo fue suspendido y se reanudó en horas de la tarde cuando finalmente todo el predio quedó despejado (Ver aparte). Así terminaba un nuevo capítulo de esta historia que comenzó el 22 de octubre cuando se produjo la mayor toma de tierras en Merlo, algo inédito en este distrito gobernado con mano de hierro por el ex intendente Raúl Othacehé desde 1991 hasta fines del año pasado, cuando perdió las PASO del Frente para la Victoria contra Gustavo Menéndez, quien luego ganó en las elecciones generales y se quedó con el control del municipio. “Esto empezó para tapar un gran negociado, porque en una partecita de este predio comenzaron a construirse unas 200 casas del Plan Federal de Viviendas que nunca se terminaron”, indicó a este diario un funcionario que responde a Menéndez. Esas construcciones habían sido tomadas por peruanos acusados de narcos y sospechados de matar a Oscarcito. El domingo los vecinos las prendieron fuego. En el desalojo del jueves, ninguno de los sospechosos permanecía en el lugar.
