La pelea entre el Gobierno de Cristina Kirchner y el Grupo Clarín se mantiene estancado desde que el juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso dictara, en noviembre del año pasado, una medida cautelar frenando la adecuación de oficio que había dictado la Afsca. Esa cautelar vence a fin de junio, tiempo con el que cuenta el magistrado para emitir su fallo respecto a la impugnación que presentó Clarín.
Pero en paralelo, en febrero de este año, el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials dictó otra medida cautelar frenando la decisión del organismo que conduce Martín Sabbatella. En ese caso, la presentación la habían realizado los principales periodistas del Grupo Clarín.
Como las demandas recién están en primera instancia, un eventual fallo podría ser apelado por quien salga perdiendo, por lo que se prevé que la adecuación de oficio seguirá frenada hasta que se resuelva en la última instancia.
No obstante, la pelea incluye otras causas judiciales, en las que según pudo averiguar PERFIL, el Gobierno estaría enojado con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, por considerar que está detrás de una estrategia “beneficiosa para Clarín”. Es por causas con asiento en diferentes provincias donde le modificaron la tarifa o les modificaron el abono de los servicios que cubre, multas por altos montos, y las cuestiones relacionadas a habilitaciones de radios y medios en el interior del país, según voces judiciales.
