La empresa de la familia Kirchner suma un nuevo cliente del Estado. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) también contrató uno de los hoteles de la Presidenta, según documentación secuestrada por el juez federal Claudio Bonadio durante los allanamientos a propiedades de la familia presidencial. Lo confirma también la propia universidad en su página web. PERFIL accedió a copias de una carpeta hallada en las oficinas de Hotesur donde consta una reserva de la UNPA en el hotel Alto Calafate para tres fechas en 2013: los días 26 y 27 de marzo, con servicio para treinta personas, coffee break, almuerzo, cena y alojamiento; otra para el 11 y el 12 de abril, con servicios similares para el mismo número de personas; y una tercera, entre el 29 y el 31 de mayo, en este caso con servicios similares pero para cien o más personas. Todavía no se conocen los montos pagados por la universidad al hotel. En la página web de la UNPA se describen algunas de estas actividades, como el XXIII Plenario de Decanos, realizado en abril de 2013 “en las instalaciones del hotel Alto Calafate”. Las autoridades de la universidad, con asiento en Río Gallegos, fueron señaladas por medios locales como afines al kirchnerismo. Por caso, durante una charla sobre la elección al Parlasur participaron la rectora de la universidad, Eugenia Márquez, y un único candidato, Mario Metaza, del Frente para la Victoria. En la documentación acumulada por Bonadio antes de que fuera desplazado como juez de la causa, figuran al menos tres casos de negocios con entidades controladas por el Estado. Además de la universidad santacruceña, se suman Aerolíneas Argentinas –que alojó allí un número inusitado de miembros de las tripulaciones de sus vuelos, hasta alcanzar un monto de más de US$ 2 millones– y el Ministerio de Producción, que organizó un evento de dos días en el hotel Alto Calafate. La candidata presidencial de Progresistas y denunciante de la causa Hotesur, Margarita Stolbizer, solicitó esta semana al fiscal federal Carlos Stornelli que investigue si hay contratos con otros entes públicos. Además, requirió que se adelanten peritajes contables, parados desde que Bonadio fue recusado por la Cámara Federal, “para comprobar el alcance de los negocios con dineros estatales realizados en el hotel de la jefa de Estado”. Estos contratos podrían implicar negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y peculado
