POLITICA
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Una victoria del Gobierno que no logra esconder que el sistema previsional hace agua

La Ley que estatiza los ahorros jubilatorios de algo menos de 10 millones de personas y devuelve al Estado el monopolio de la seguridad social que hoy se festeja como un acto de soberanía, podría convertirse en pocos años más en un monstruo de mil cabezas, dispuesto a engullirse a los gobiernos que vendrán.

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La Ley que estatiza los ahorros jubilatorios de algo menos de 10 millones de personas y devuelve al Estado el monopolio de la seguridad social que hoy se festeja como un acto de soberanía, podría convertirse en pocos años más en un monstruo de mil cabezas, dispuesto a engullirse a los gobiernos que vendrán.

Si la discusión de este pasaje de apuro del dinero depositado en las AFJP a la ANSeS se hubiera dado en términos razonables y no sólo en un mes o si se hubiera hecho algún cálculo actuarial mínimo, se habría comprobado que la relación entre aportantes y beneficiarios resultará deficitaria en el tiempo en miles de millones de pesos al año, salvo que se utilicen más recursos tributarios para cerrar el bache o que las colocaciones de la ANSeS puedan gambetear la voracidad del Estado y el eventual deterioro inflacionario.

Este probable choque de planetas que podría darse en un período no demasiado largo, augura para los jubilados de mañana un futuro tan poco venturoso como el que padecen los actuales, algo más de 70% de ellos ubicados hoy en un haber mínimo que está nítidamente por debajo de la línea de pobreza.

Este nuevo "viaje ahora y pague después" de la política económica argentina, resuelto a impulso del Ejecutivo con más chicanas que debate, ha dejado la sensación de que el Congreso legisla sólo para el corto plazo y, además, el convencimiento de que será finalmente la Justicia la que dirimirá la cuestión.

La aprobación del nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino muestra, lógicamente, ganadores y perdedores y, entre los primeros, el traspaso compulsivo ha resultado una especie de hito ideológico para aquellos que defienden, desde las convicciones, que la previsión social debe ser atendida por el Estado.

Por otro lado, su instauración le genera al Gobierno un importante alivio para encarar el año 2009 con cierta holgura fiscal y con fondos frescos para que sean redireccionados en planes dinamizadores de obras públicas de rápida ejecución (cloacas, pavimentos, pluviales, etc.), caballito de batalla tradicional en un año eleccionario.

En otro plano, la confiscación le quita un peso de encima a las propias AFJP, ya que salen del negocio sin hacer ruido y con el cobro de una indemnización, en una actitud de pasividad que a muchos les suena casi como de connivencia con el Gobierno, para sacarse de encima el problema y no tener que lidiar con un futuro poco venturoso, sobre todo si el Estado seguía endosándoles bonos que se han caído a un tercio de su valor en pocos meses.

Por el lado de la obediencia debida que mostraron diputados y senadores oficialistas, quedó en claro que una vez más se tiró por la borda el federalismo fiscal, ya que muy pocos han defendido con razonabilidad la necesidad de fondos adicionales que tienen las provincias, muchos de ellos menguados cuando se armó el sistema privado. La cuestión suena a patética, ya que en estos días se nota claramente cómo los gobernadores tienen que apelar a anuncios de impuestazos varios, destinados a cubrir los baches de dinero que les retacea la Nación.

En cuanto a los aportantes de las AFJP, quienes respaldados por la Ley acumularon un patrimonio durante 14 años y quienes, además, optaron libremente por no pasarse al Estado, debido a su triste record de estafas sucesivas a jubilados de tres generaciones, han tenido en general un comportamiento bastante contemplativo, a la hora de hacer escuchar su voz de queja.
Si hay un elemento que ha llamado la atención de los observadores es como esta causa, pese a la fuerza de algunos argumentos, no prendió para nada en el grueso de la sociedad, quizás porque la situación no representa dinero hoy (corralito) o porque no hubo por detrás una organización dedicada a coordinar acciones de repudio a la medida (Mesa de Enlace).

En este aspecto, el Gobierno manejó el discurso y los tiempos con picardía y se quedó con una victoria que hoy le arrima una Caja importantísima, pero que en unos pocos años puede convertirse en seguro foco de graves problemas para alguno de sus sucesores. "A lo Pirro", como enseña la historia, cuando el daño del vencedor es más grande que el del vencido.