En la Provincia lo llaman “la segunda fase de la reforma” pero, en rigor, son una serie de ajustes que incrementarán el control civil sobre la Policía Bonaerense. El nuevo plan contempla bancarizar las comisarías para que no manejen más efectivo, controles biométricos para bajar el ausentismo y un software contra la sobrefacturación. En 2018 habrá $ 4.500 millones para equipar la Policía, que incluyen un convenio que se firmará con una empresa china (ver recuadro).
La nueva fase de la reforma terminaron de definirla la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, en estos días, antes de tomarse vacaciones. “Pasamos de una primera etapa, desde afuera hacia adentro, a otra etapa, que es desde adentro”, sintetizó Vidal ante su gabinete.
En dos meses se terminaría el proceso. “Les estamos sacando las cuentas a las comisarías, y el flujo de fondos va a ser centralizado por el ministerio. Cada gasto va a tener el aval de la administración central y van a tener que rendirnos a nosotros”, explican en la cartera de Seguridad. Lo único que les quedará a los comisarios será la “caja chica” que servirá para situaciones de emergencia y excepcionales. Para el resto deberán usar la tarjeta de débito del Banco Provincia.
Por otro lado, progresivamente comenzaron a realizarse controles biométricos con identificación facial y dactilar. Se compraron 200 tablets de Francia con el software con un doble trabajo: por un lado, permiten, cruzando la base de datos de registros criminales, saber en tiempo real si un detenido tiene antecedentes. Se usarán en el próximo torneo de fútbol de Primera para ejercer el derecho de admisión. Y, en segundo lugar, para el control efectivo de adicionales (conocidas en la jerga policial como “horas Polad”). Desde el año que viene cada efectivo que trabaje para, por caso, un partido de fútbol deberá registrarse con su huella dactilar. Hasta ahora se confeccionaba, a mano, una planilla. En el ministerio se cansaron de detectar irregularidades de agentes que nunca asistían pero se cobraban. “Ahora vamos a saber a qué hora empiezan y terminan las horas Polad”. Además comenzarán a liquidarse de manera bancaria. Hay cientos de escenas de comisarios repartiendo, en efectivo, los extras tras un evento. Los adicionales mueven unos $ 500 millones al año.
Detrás de esta etapa de la reforma, junto a Ritondo, está Ignacio Greco, abogado de Lomas de Zamora que ya trabajó en la Metropolitana y desde el año pasado se transformó en el civil a cargo de la administración de la Bonaerense.
Nafta. Se contrató un nuevo sistema de control de combustible de los 6.500 vehículos para evitar una práctica cotidiana de sobrefacturar el gasto en nafta. Ahora habrá un software conectado a la computadora de los vehículos que permite testear cuántos litros se cargan.
El control de ausentismo también forma parte del paquete. Si bien en la Provincia se jactan de haber bajado de 10% en 2016 a 4% en 2017, desde el año que viene habrá un control médico más riguroso que incluye registro fotográfico, control biométrico y geoposicionamiento del efectivo con atención domiciliaria.
Plan ‘llave en mano’ de una firma china
Adivinanza bonaerense: ¿qué hacían dos analistas en sistemas chinos junto a una traductora recorriendo una pequeña comisaría del conurbano sur junto al jefe de la Bonaerense, Fabián Perroni? No era un reality show. Eran técnicos de la empresa estatal china de tecnología Ceiec, que terminará de concretar una oferta para aportar el know how en materia de seguridad para implementar en la fuerza provincial. Se trata de un plan “llave en mano” con una inversión de 30 millones de dólares para infraestructura y tecnología. Ceiec aportará un sistema de monitoreo, drones, cámaras, sistema de procesamiento y almacenamiento de datos y big data. Habrá una prueba piloto en tres municipios, uno de ellos será Lanús.