La causa del vacunatorio VIP suma un nuevo capítulo. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y el fiscal ante la Cámara Federal Jorge Iturbe reclamaron hoy que se reabra la investigación. Esta había sido archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti, al considerar que "no había delito".
Para los fiscales, el fallo de la magistrada fue "erróneo y quedan pruebas por hacer”, señalaron en el pedido de reapertura de la causa. “Al momento de sucederse los hechos, entre fines del 2020 y principios del 2021, el Ministerio de Salud no dispuso aplicación de vacunas simultáneas y la prioridad era sólo el personal de salud y en todo caso los denominados estratégicos", remarcaron.
En este sentido, insisten en que no se respetó ese orden de prioridades en dar las vacunas. Recordaron que aquellas distribuidas a los centros nacionales "lo fueron para inocular al personal de salud, incluso podría eventualmente admitir al personal estratégico, pero bajo ningún concepto a otras categorías". Por eso, subrayaron que la vacunación en esos casos afectó derechos consagrados en tratados de Derechos Humanos, y además aseguran que quedan pruebas por hacer.
La denuncia se hizo en febrero de este año cuando se conoció que allegados al ministro de Salud de aquel entonces, Ginés González García, se vacunaban contra el coronavirus por fuera del sistema formal. Si bien el Gobierno rechazó que hubiera “un vacunatorio VIP”, admitió que “algunos se adelantaron en la fila” para recibir su dosis.
La causa llegó al despacho de Capuchetti. La jueza señaló que "en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación". En todo caso sí era un tema que puede ser evaluado por la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública que explícitamente establece “sanciones de orden administrativo".
El Gobierno rechazó que hubiera “un vacunatorio VIP”, admitió que “algunos se adelantaron en la fila” para recibir su dosis.
Ese fallo, que determinó que de los 70 casos de personas vacunadas unas 65 sean considerados no delictuales, fue apelado por el titular de la PIA ante la Cámara Federal. Ahora se presentó un nuevo escrito y el Tribunal está ya en condiciones de resolver si reabre o no ese tramo del caso que determinó la expulsión de su cargo González García.
Entre las pruebas que faltan recopilar, los fiscales señalaron los aportes hicieron los funcionarios en el proceso de inoculaciones irregulares. Incluso, remarcaron que no se cuenta con un listado de correos electrónicos que se encuentran resguardados en el Ministerio de Salud, y que corresponden, entre otros, a González García, de su sobrino Lisandro Bonelli (quien era funcionario y está investigado) y a la actual ministra Carla Vizzotti, entre otros.
